CODIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

 

TITULO I

PARTE GENERAL

CAPITULO I

DEL AMBITO Y DE LA AUTORIDAD DE APLICACION

Ámbito de Aplicación:

Art. 1.- Este Código regirá respecto de la determinación, fiscalización, percepción de todos los tributos y aplicación de sanciones que se impongan en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, por los organismos de la administración central, de acuerdo con las leyes y normas complementarias.

 

También se regirán por la presente las retribuciones por los servicios que preste el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

 

Competencia de la Dirección General:

Art. 2.- La Dirección General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario tiene a su cargo la aplicación, percepción y fiscalización de los impuestos, tasas, derechos y contribuciones que competen al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o que en el futuro se le atribuyan, así como la imposición y percepción de las sanciones que correspondan. En adelante este Código se referirá al mencionado organismo como "Dirección General".

 

Facultades de la Dirección General:

Art. 3.- En ejercicio de su competencia la Dirección General está facultada para:

1. 1.    Recaudar, determinar y fiscalizar los tributos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2. 2.    Verificar las declaraciones juradas y todo otro elemento para establecer la situación de los contribuyentes o responsables.

3. 3.    Disponer inspecciones en todos los lugares donde se realicen actos o ejerzan actividades que originen hechos imponibles o se encuentren bienes que constituyan o puedan constituir materia imponible.

4. 4.    Requerir de contribuyentes, responsables o terceros informes o comunicaciones escritas o verbales dentro del plazo que se les fije.

5. 5.    Solicitar información a organismos públicos y privados.

6. 6.    Exigir la comparecencia a las oficinas de la Dirección General a contribuyentes, responsables o terceros, dentro del plazo que se les fije.

7. 7.    Exigir en cualquier tiempo la exhibición de libros y registros de contabilidad, comprobantes y documentación complementaria de las operaciones o actos que puedan constituir hechos imponibles o base de liquidación de los tributos.

8. 8.    Intervenir documentos y disponer medidas tendientes a su conservación y seguridad.

9. 9.    Efectuar inventarios; tasaciones o peritajes o requerir su realización.

10. 10.Exigir que sean llevados libros, registros o anotaciones especiales y que se otorguen los comprobantes que indique.

11. 11.Aplicar sanciones, liquidar intereses, actualizaciones, recibir pagos totales o parciales, compensar, acreditar, imputar y disponer la devolución de las sumas pagadas de más.

12. Solicitar a la autoridad judicial competente órdenes de allanamiento o cualquier medida cautelar tendientes a asegurar el tributo y la documentación o bienes, como asimismo solicitar a las autoridades que corresponda el auxilio de la fuerza pública para efectuar inspecciones de libros, documentos, locales o bienes de contribuyentes, responsables o terceros, cuando estos dificulten su realización o cuando las medidas sean necesarias para el cumplimiento de sus facultades.

Las medidas mencionadas se trabarán bajo la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y se informará a la Secretaría de Hacienda y Finanzas.

13. 13.Emitir constancias de deuda para el cobro judicial de los tributos.

14. 14.Intervenir en la interpretación de las normas fiscales en los términos del artículo 87º.

15. 15. Solicitar en cualquier momento el embargo preventivo por la cantidad que presumiblemente adeuden los contribuyentes o responsables.

16. 16.Dictar normas generales obligatorias en cuanto a la forma y modo como deban cumplirse los deberes formales, las que regirán desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

17. 17.Realizar toda otra acción necesaria para cumplir con las funciones encomendadas por este Código, inclusive las emergentes del artículo 59º de la Ley Nacional Nº 23.696, en el marco de la reglamentación pertinente.

18. 18.Fijar fechas de vencimientos generales para la presentación de las declaraciones juradas anuales.

19. Proponer agentes de percepción, retención, recaudación e información.

 

Director General. Competencia:

Art. 4.- La Dirección General está a cargo de un Director General que tiene todas las facultades, poderes, atribuciones y deberes asignados a la Dirección General y la representa legalmente en forma personal o por delegación, en todos los actos y contratos que se requieran para el funcionamiento del servicio, de acuerdo a las disposiciones en vigor, suscribiendo los documentos públicos o privados que sean necesarios. Esta representación la ejerce ante los poderes públicos, contribuyentes, responsables y terceros.

 

Director General. Su reemplazante:

Art. 5.- El funcionario que orgánicamente substituye al Director General lo reemplaza en el ejercicio de todas sus funciones y atribuciones en caso de ausencia o impedimento, ya sean permanentes o temporarias.

El Director General puede disponer que el funcionario que lo substituya asuma la responsabilidad de determinadas funciones y atribuciones señaladas por la naturaleza de las materias o por otras circunstancias, en la medida y condiciones que se establezcan en cada caso. El Director General, no obstante la substitución, conserva la máxima autoridad dentro del Organismo y puede abocarse al conocimiento y decisión de cualesquiera de las cuestiones planteadas.

Los actos y disposiciones del funcionario que substituye al Director General están sujetos, sin previa instancia ante este último, a los mismos recursos que corresponderían en caso de haber emanado del mismo.

 

Incompatibilidades e inhabilidades:

Art. 6.- El Director General y su reemplazante no pueden ejercer otro cargo público o privado, incluido el ejercicio profesional, con excepción de la docencia y a su respecto rigen las incompatibilidades establecidas para el personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

No podrán desempeñar dichas funciones:

1. 1.    Los inhabilitados para ejercer cargos públicos hasta diez (10) años después de cumplida la condena;

2. 2.    Quienes no puedan ejercer el comercio;

 

3. 3.    Los fallidos, hasta 10 años después de su rehabilitación;

 

4. 4.    Los concursados, hasta 5 años después de su rehabilitación;

 

5. 5.    Los directores o administradores de sociedades a las que se hubiera declarado la quiebra, hasta diez (10) años después de su rehabilitación;

6. 6.    Quienes hubieran sido condenados por algún delito doloso o procesados por ilícitos contra la Administración Pública;

7. 7.    Los socios ilimitadamente responsables, directores o administradores de cualquier sociedad o asociación que hubieran sido condenados por delitos originados en un ilícito tributario o se encontrasen procesados por ilícitos contra la Administración Pública.

 

Director General. Funciones no delegabais:

Art. 7.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 95º el Director General o el funcionario que orgánicamente lo sustituya puede delegar sus funciones de manera general o especial mediante expresa disposición, en funcionarios dependientes de la Dirección General, con excepción de:

 

1. 1.    Resoluciones determinando de oficio la materia imponible en forma cierta o presunta.

2. 2.    Resoluciones por las que se aplica o se exonera de sanciones.

3. 3.    Resoluciones sobre repeticiones y compensaciones de tributos.

4. 4.    Resoluciones interpretando las normas fiscales.

 

Los funcionarios que ejercen funciones y facultades delegadas por el Director General, no pueden a su vez, delegarlas en otros funcionarios.

 

CAPITULO II

DE LA INTERPRETACION TRIBUTARIA

 

Finalidad. Analogía:

Art. 8.- En la interpretación de este Código y de las disposiciones sujetas a su régimen se ha de atender al fin de las mismas y a su significación económica. Solo cuando no sea posible fijar por la letra o por su espíritu, el sentido o alcance de las normas, conceptos o términos de las disposiciones antedichas, puede recurrirse a las normas, conceptos y términos del derecho privado.

 

Realidad económica. Formas o estructuras jurídicas inadecuadas:

Art. 9.- Para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se debe atender a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes. Cuando éstos sometan esos actos, situaciones o relaciones a formas o estructuras jurídicas que no sean manifiestamente las que el derecho privado ofrezca o autorice para configurar adecuadamente la cabal intención económica y efectiva de los contribuyentes, se prescindirá en la consideración del hecho imponible real, de las formas y estructuras jurídicas inadecuadas y se considerará la situación económica real como encuadrada en las formas o estructuras que el derecho privado les aplicaría con independencia de las escogidas por los contribuyentes o les permitiría aplicar como las más adecuadas a la intención real de los mismos.

 

 

CAPITULO III

DE LOS CONTRIBUYENTES Y DEMAS RESPONSABLES

 

Responsables por deuda propia:

Art. 10.- Están obligados a pagar el tributo al Fisco en la forma y oportunidad debidas y a cumplir con los restantes deberes que impongan las disposiciones en vigor, personalmente o por intermedio de sus representantes legales, como responsables del cumplimiento de las obligaciones propias, quienes sean contribuyentes según las normas respectivas; sus herederos y legatarios con arreglo a las disposiciones del Código Civil.

Son contribuyentes, en tanto se verifique a su respecto el hecho imponible que les atribuyen las normas respectivas, en la medida y condiciones necesarias que éstas prevén para que surja la obligación tributaria:

1. 1.    Las personas físicas, capaces o incapaces; según el Código Civil;

2. 2.    Las personas jurídicas del Código Civil y todas aquellas entidades a las que el derecho privado reconoce la calidad de sujetos de derecho, incluso las organizadas bajo la Ley Nacional N° 20.337;

3. 3.    Las entidades que no posean la calidad prevista en el inciso anterior, los patrimonios destinados a un fin determinado y las Uniones Transitorias de Empresas cuando sean considerados por las normas tributarias como unidades económicas para la atribución del hecho imponible.

Las sociedades no constituidas legalmente deben considerarse como sociedades irregulares e inscribirse a nombre de todos sus integrantes.

Asimismo, las Uniones Transitorias de Empresas deben inscribirse a nombre de todos sus integrantes.

 

4. 4.    Las sucesiones indivisas, cuando las normas tributarias las consideren como sujetos para la atribución del hecho imponible;

5. 5.    Las reparticiones centralizadas, descentralizadas o autárquicas del Estado Nacional, Provincial o Municipal, así como las empresas estatales y empresas estatales mixtas, salvo exención expresa;

 

Responsables del cumplimiento de la deuda ajena:

Art. 11.- Están obligados a pagar el tributo al Fisco, con los recursos que administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representantes, manantes, acreedores, titulares de los bienes administrados o en liquidación, etc., en la forma y oportunidad que rijan para aquéllos, o que especialmente se fijen para tales responsables bajo pena de las sanciones que impone este Código:

 

1. 1.    El cónyuge, que percibe y dispone de todos los réditos propios del otro;

2. 2.    Los padres, tutores o curadores de los incapaces;

3. 3.    Los síndicos y liquidadores de las quiebras, síndicos de los concursos, representantes de las sociedades en liquidación, los albaceas o administradores legales o judiciales de las sucesiones y, a falta de éstos, el cónyuge supérstite y los herederos;

4. 4.    Los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empresas y patrimonios a que se refiere el artículo anterior;

5. 5.    Los administradores de patrimonios, empresas o bienes, que en ejercicio de sus funciones puedan determinar la materia imponible que gravan las respectivas normas tributarias con relación a los titulares de aquéllos y pagar el gravamen correspondiente; y en las mismas condiciones los mandatarios con facultad de percibir dinero;

6. 6.    Los agentes de retención y los de percepción de los impuestos;

7. 7.    Los fiduciarios en las operaciones de fideicomiso previstas en la Ley Nacional Nº 24.441.

 

Extensión de la responsabilidad por el cumplimiento de la deuda ajena:

Art. 12.- Las personas mencionadas en el artículo anterior tienen que cumplir por cuenta de sus representados y titulares de los bienes que administran o liquidan los deberes que este Código impone a los contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, fiscalización y pago de los tributos.

 

Solidaridad:

Art. 13.- Cuando un mismo hecho imponible es realizado por dos o más personas o entidades o uniones transitorias de empresas, todas se consideran como contribuyentes por igual y solidariamente obligadas al pago del tributo, actualización, intereses y multas por su totalidad, salvo el derecho del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a dividir la obligación a cargo de cada una de ellas.

En aquellos tributos que toman en cuenta para la determinación del hecho imponible el dominio, posesión u otro derecho real sobre inmuebles o muebles registrables, cada condómino, coposeedor, etc. responde solidariamente por toda la deuda determinada con relación al bien en su conjunto.

Además responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los hubiere, con otros responsables:

1. 1.    Los titulares de dominio de bienes inmuebles o muebles registrables por deudas de sus antecesores si la transferencia de dominio se efectivizase sin la previa obtención de una constancia de estado de deuda y sin la cancelación de las obligaciones que de ella resulten como impagas o cuando hubieren asumido expresamente la deuda conforme lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley Nacional N° 22.427 para los inmuebles.

 

2. 2.    Las personas de existencia física o jurídica, empresas o entidades controlantes o vinculadas entre sí -jurídica o económicamente- cuando de la naturaleza del control o de esas vinculaciones resultare que dichas personas o entidades puedan ser consideradas como controladas o constituyendo una unidad o conjunto económico.

 

Extensión de la solidaridad:

Art.14.- Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas por los recursos que administran de acuerdo al artículo 11º:

 

1. 1.    Todos los responsables enumerados en los inc. 1 al 5 del artículo 11º. No existirá, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, con respecto a quienes demuestren debidamente a la Dirección General que sus representados, mandantes, etc. los han colocado en la imposibilidad de cumplir correctamente y oportunamente con sus deberes fiscales;

 

2. 2.    Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior y con carácter general, los síndicos de las quiebras y los coadministradores de los concursos que no hicieren las gestiones necesarias para la determinación y ulterior ingreso de los tributos adeudados por los responsables respecto de los períodos anteriores y posteriores a la iniciación del juicio; en particular si, con anterioridad de quince (15) días al vencimiento del plazo para la presentación de los títulos justificativos del crédito fiscal, no hubieran requerido de la Dirección General la constancia de las respectivas deudas tributarias identificando los bienes del deudor;

 

3. 3.    Los agentes de retención por el tributo que omitieron retener o que, retenido, dejaron de pagar a la Dirección General dentro de los quince (15) días siguientes, a aquél en que correspondía efectuar la retención; si no acreditaren que los contribuyentes han pagado el gravamen, y sin perjuicio de la obligación solidaria que para abonarlo existe a cargo de éstos desde el vencimiento del plazo señalado, y los agentes de percepción por el tributo que dejaron de percibir o que percibido dejaron de ingresar a la Dirección General, en la forma y tiempo que establezcan las leyes respectivas.

La Dirección General podrá fijar otros plazos de ingreso cuando las circunstancias lo hicieran conveniente a los fines de la recaudación o del control de la deuda;

 

1. 1.    Los sucesores a título particular en el activo y pasivo de empresas o explotaciones que las normas tributarias consideran como una unidad económica susceptible de generar íntegramente el hecho imponible, con relación a sus propietarios o titulares, si los contribuyentes no hubiesen cumplido con sus obligaciones de pago del tributo adeudado. La responsabilidad del adquirente, en cuanto a la deuda fiscal no determinada caducará:

a) a)    a los tres meses de efectuada la transferencia si con antelación de quince (15) días ésta hubiera sido denunciada a la Dirección General, y

 

b) b)   en cualquier momento en que la Dirección General reconozca como suficiente la solvencia del cedente con relación al tributo que pudiera adeudarse, o en que acepte la garantía que éste ofrezca a ese efecto.

 

 

Extensión de la Responsabilidad por ilícitos:

Art. 15.- Son responsables solidaria e ilimitadamente toda persona física o jurídica, empresas o entidades que por dolo o culpa, aún cuando no tengan deberes tributarios a su cargo, realizaren cualquier acción u omisión que impidiere o dificultare el control del cumplimiento de la obligación fiscal del contribuyente o demás responsables.

Tendrá la misma responsabilidad el que procurare o ayudare a alguien a producir la desaparición, ocultación o adulteración de pruebas o instrumentos demostrativos de la obligación tributaria.

 

Efectos de la Solidaridad:

Art. 16.- Los efectos de la solidaridad son los siguientes:

 

1. 1.    La obligación puede ser exigida total o parcialmente a cualesquiera de los deudores a elección del sujeto activo.

2. 2.    El pago efectuado por uno de los deudores libera a los demás

3. 3.    El cumplimiento de un deber formal por parte de uno de los obligados no libera a los demás cuando sea de utilidad para el sujeto activo que los otros obligados lo cumplan.

4. 4.    La exención o remisión de las obligaciones libera a todos los deudores salvo que el beneficio haya sido concedido a determinada persona. En este caso el sujeto activo podrá exigir el cumplimiento a los demás con deducción de la parte proporcional del beneficiado.

5. 5.    Cualquier interrupción de la prescripción o de la caducidad en favor o en contra de uno de los deudores favorece o perjudica a los demás.

 

Extensión temporal de la responsabilidad:

Art. 17.- Los contribuyentes registrados en el año anterior responden de los tributos correspondientes al año siguiente, siempre que hasta el último día hábil del mes de enero no hubieran comunicado por escrito el cese o retiro, salvo excepciones expresamente indicadas en este Código.

Si la comunicación se efectúa posteriormente continúan siendo responsables, a menos que acrediten fehacientemente que no se han realizado las actividades, actos o situaciones que originan el pago de los tributos con posterioridad al 1° de enero.

 

Responsabilidad por el hecho de los dependientes:

Art. 18.- Los contribuyentes y responsables responden por las consecuencias del hecho o la omisión de sus factores, agentes o dependientes, incluyendo las sanciones, gastos y honorarios consiguientes.

 

CAPITULO IV

DEL DOMICILIO FISCAL

 

Concepto:

Art. 19.- El domicilio fiscal es el domicilio real, o en su caso, legal legislado en el Código Civil.

Este domicilio es el que los responsables deben consignar en sus declaraciones juradas, formularios o en los escritos que presenten ante la Dirección General, y el mismo se considerará aceptado cuando la Dirección General no se oponga expresamente dentro de los noventa (90) días de haber sido notificada de la respectiva solicitud.

 

Efectos del domicilio fiscal:

Art. 20.- El domicilio fiscal produce en el ámbito administrativo y judicial los efectos del domicilio constituido, siéndole aplicable, en su caso, las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, hasta tanto se promulgue el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.

 

Puede constituirse domicilio especial, siempre que ello no obstaculice la determinación y percepción de los tributos.

 

Domicilio fuera de Jurisdicción:

Art. 21.- Cuando los contribuyentes o demás responsables se domicilien fuera del territorio de la Ciudad de Buenos Aires y no tengan representantes en ella, o no pueda establecerse el de éstos últimos, se considera como domicilio fiscal el del lugar en que dichos responsables tengan su principal negocio o explotación o la principal fuente de sus recursos o sus inmuebles o subsidiariamente, el lugar de su última residencia en esta ciudad.

 

Cambio de domicilio.

Art. 22.- Existe cambio de domicilio cuando se hubiera efectuado la traslación del domicilio regulado en el artículo 20º o, si se tratara de un domicilio legal, cuando éste hubiera desaparecido de acuerdo con lo previsto en el Código Civil.

Todo responsable está obligado a denunciar cualquier cambio de domicilio dentro de los quince (15) días de efectuado, quedando en caso contrario sujeto a las sanciones de este Código.

La Dirección General sólo queda obligada a tener en cuenta el cambio de domicilio si la respectiva notificación hubiera sido hecha por el responsable en la forma en que la reglamentación determine, si no se efectúa esa comunicación la Dirección General debe considerar como subsistente el último domicilio declarado por el responsable, el que surte plenos efectos legales.

Incurren en las sanciones previstas por este Código, los responsables o terceros que consignen en sus declaraciones, formularios o escritos un domicilio distinto al que corresponda en virtud de los artículos 20º, 21º y el presente.

 

Informes para obtener domicilio del contribuyente.

Art. 23.- Cuando a la Dirección General le resulte necesario conocer el domicilio de un contribuyente y éste no surgiere de sus registros podrá requerir informes al Registro Nacional de las Personas, a la Justicia Electoral, a la Inspección General de Justicia, a la Administración Federal de Ingresos Públicos y Organismos Fiscales Provinciales y, en general, a todo organismo público o privado hábil al efecto.

 

CAPITULO V

DE LAS NOTIFICACIONES

 

Modalidades:

Art. 24.- Las notificaciones, citaciones o intimaciones de pago han de practicarse por cualquiera de las siguientes maneras, salvo disposición en contrario del presente:

 

1. 1.    Por nota o memorándum certificado con aviso de retorno;

2. 2.    Por intermedio de personas debidamente autorizadas por la Dirección General, debiendo en este caso labrarse acta de la diligencia practicada, en la que se ha de especificar el lugar, día y hora en que se efectúa y la documentación que se acompaña, exigiendo la firma del interesado. Si éste no sabe o no puede firmar puede hacerlo a su ruego un testigo. Si el destinatario no se encuentra o se niega a firmar, o no hay persona dispuesta a recibir la notificación, dejando constancia de ello en el acta, quien la realiza debe fijarla en la puerta del domicilio;

3. 3.    Personalmente, en las oficinas de la Dirección General.

4. 4.    Por carta documento;

5. 5.    Por edictos, publicados durante tres días consecutivos en el Boletín Oficial, cuando se desconoce el domicilio del contribuyente o responsable.

6. 6.    Las notificaciones, citaciones e intimaciones expedidas por medio de sistemas de computación que lleven firma facsimilar constituirán título suficiente a todo efecto.

Por carta simple sólo será admitida para la remisión de las boletas de pago.

Las notificaciones practicadas en día inhábil se considerarán realizadas el día hábil inmediato siguiente. La Dirección General está facultada para habilitar días y horas inhábiles.

 

Actas de Notificación:

Art. 25.- Las actas labradas por los agentes notificadores dan fe, mientras no se demuestre su falsedad.

 

CAPITULO VI

DE LAS EXENCIONES GENERALES

 

Enunciación:

Art. 26.- Están exentos del pago de los tributos establecidos por el presente Código con la limitación dispuesta por el artículo 117º y con excepción de aquellos que respondan a servicios efectivamente prestados, salvo para el caso previsto en el artículo 29º de la Ley Nacional N° 20.321:

 

1. 1.    El Estado Nacional, las Provincias y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las Municipalidades, sus dependencias, reparticiones autárquicas y descentralizadas.

Esta exención no alcanza a las contribuciones de Alumbrado, Barrido, Limpieza, y de Pavimentos y Aceras, salvo para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

2. 2.    Las representaciones diplomáticas y consulares de los países extranjeros acreditados ante el Gobierno de la República, dentro de las condiciones establecidas por la Ley Nacional N° 13.238;

3. 3.    Las entidades religiosas debidamente registradas en el organismo nacional competente;

4. 4.    Las asociaciones vecinales y las asociaciones o cooperadoras de ayuda a la acción hospitalaria, reconocidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;

5. 5.    Las asociaciones mutualistas constituidas de conformidad con la legislación vigente, con excepción de las operaciones realizadas en materia de seguros las que están sujetas al Impuesto sobre los Ingresos Brutos;

6. 6.    Las cooperadoras escolares reconocidas por autoridad competente;

7. 7.    Las asociaciones profesionales de trabajadores y las asociaciones sin fines de lucro representativas de profesiones universitarias;

8. 8.    El Patronato de la Infancia;

9. 9.    El Patronato de Leprosos;

10. 10.Asociación para la Lucha contra la Parálisis Infantil (ALPI);

11. 11.El Consejo Federal de Inversiones;

12. 12.La Cruz Roja Argentina;

13. 13.Las Obras y Servicios Sociales que funcionan bajo el régimen de la Ley Nacional N° 22.269; las de Provincias, Municipalidades y las previstas en la Ley Nacional N° 17.628;

14. 14.El Cinturón Ecológico Area Metropolitana (CEAMSE);

15. 15.Los partidos políticos legalmente constituidos;

16. 16.Clubes que no estén federados a las respectivas ligas profesionales y cumplan funciones sociales en su radio de influencia

 

Aranceles preferenciales para los Organismos de la Ciudad:

Art. 27.- Los Organismos propios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tendrán derecho a aranceles preferenciales para aquellos servicios efectivamente prestados, en la medida en que así lo prevea el respectivo ordenamiento tarifario.

 

Empresas y Organismos alcanzados por la Ley Nacional Nº 22.016:

Art. 28.- Las Empresas y Organismos alcanzados por la Ley Nacional Nº 22.016 deben abonar todas las obligaciones fiscales emergentes de las disposiciones contenidas en el presente Código.

Autorízase al Poder Ejecutivo para propiciar ante la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires convenios con las Empresas y organismos precitados compensando los gravámenes que ellas deben abonar con las tarifas de los servicios que presten al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

 

Requisitos en casos de entidades privadas:

Art. 29.- Las entidades privadas comprendidas por el artículo 26º que se presenten por primera vez solicitando se las declare alcanzadas por la exención, al formular el pedido deben acompañar un certificado expedido por el organismo oficial competente que acredite que funcionan en la calidad indicada.

Dichos pedidos se resuelven directamente por la Dirección General la que ha de llevar un registro de entidades liberadas.

La presentación debe realizarse dentro del primer trimestre del año para que ella produzca efectos por todo el período fiscal, transcurrido dicho plazo el beneficio se concederá a partir del mes siguiente al de la fecha de solicitud debiendo ingresarse los tributos en proporción al tiempo transcurrido.

 

Exención para entidades que acrediten el cumplimiento de los fines para los cuales fueron creadas:

Art. 30.- Están exentas del pago de los tributos establecidos en el presente Código con la limitación dispuesta por los artículos 31º y 117º y con excepción de aquellos que respondan a servicios efectivamente prestados, las siguientes entidades, siempre que acrediten el cumplimiento de los fines de su creación:

1. 1.    Las bibliotecas populares, reconocidas por la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares Ley Nacional N° 419;

2. 2.    Las instituciones de beneficencia o solidaridad social;

3. 3.    Las asociaciones protectoras de animales;

4. 4.    Las entidades culturales o científicas que no persiguen fines de lucro.

 

Esta exención se renueva por períodos de cinco años, pero queda sin efecto de producirse la modificación de las normas bajo las cuales se acuerda o de las condiciones que le sirven de fundamento.

 

Limitación. Exenciones:

Art. 31.- Las exenciones previstas en los incisos 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 16 del artículo 26º, en el artículo 30º y en los incisos 4 y 7 del artículo 116º no alcanzan al Impuesto sobre los Ingresos Brutos -salvo en los ingresos por locación de inmuebles- que pudiera corresponder por el ejercicio de actividades que encuadrándose dentro de las disposiciones del Título II de este Código, son extrañas a la naturaleza y a los fines de las entidades beneficiarias de tales exenciones.

 

Tampoco alcanza a la Contribución de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras que graven los inmuebles en los que se desarrollen total o parcialmente dichas actividades, ni al gravamen de Patentes sobre Vehículos en General que recaiga sobre aquellos vehículos que total o parcialmente se hallen afectados al ejercicio de las mismas.

Con referencia a las " Salas de Recreación" -Ordenanza Nº 42.613 (B.M 18.193)- no regirán ninguna de las exenciones previstas en los artículos 26º, 30º, e incisos 4 y 7 del artículo 116º.

 

Requisitos y plazo para gestionar la exención o su renovación

Art. 32.- Las entidades que gestionen la exención prevista en el artículo anterior, o su renovación, deben acompañar la siguiente documentación:

 

1. 1.    Certificado de personería jurídica en los casos que corresponda, actualizado y expedido por autoridad competente.

2. 2.    Un ejemplar de los estatutos y de la última memoria y balance general.

La presentación debe realizarse dentro del primer trimestre del año para que ella produzca efectos por todo el período fiscal. La exención es resuelta por la Dirección General.

En caso de requerirse tardíamente, el beneficio entra en vigor a partir del mes siguiente al de la fecha de solicitud, debiendo ingresarse los tributos en proporción al tiempo transcurrido.

 

Exención a personas con necesidades especiales:

Art. 33.- Las personas con necesidades especiales, acreditando tal condición mediante certificado extendido por el Hospital de Rehabilitación "Manuel Rocca", quedan exentas del pago de todo tributo originado por el desarrollo de actividades mediante permisos precarios, consistentes en la venta al público de golosinas, juguetes menores, fotografías y artículos religiosos.

 

Exención al Banco de la Provincia de Buenos Aires:

Art. 34.- El Banco de la Provincia de Buenos Aires, está exento del pago de todos los gravámenes locales, con excepción del de Alumbrado, Barrido y Limpieza, de Pavimentos y Aceras y de todos aquellos que respondan a un servicio efectivamente prestado o a una contribución de mejoras.

 

Fijación de plazo:

Art. 35.- Las personas y entidades privadas exentas por las disposiciones del presente Capítulo, están obligadas a declarar dentro de los treinta (30) días de producido, cualquier cambio que signifique variar las condiciones que dan lugar a la exención.

El sujeto privado exento por alguno de los artículos del presente Capítulo deberá declarar ante la Dirección General los bienes de su propiedad alcanzados por la exención dentro de los treinta (30) días de notificada la Resolución que concede la exención.

La omisión de las declaraciones establecidas precedentemente, hace pasible al responsable de una multa por incumplimiento de los deberes formales, sin perjuicio de las sanciones que corresponden por evasión o defraudación y el pago de los gravámenes e intereses adeudados.

La Dirección General dejará sin efecto las exenciones anteriores que se hubieran concedido en virtud de lo dispuesto por el presente Código y normas anteriores, cuando los beneficiarios de las franquicias no cumplan con los requerimientos efectuadas por el Organismo, para constatar la permanencia de las condiciones que dieron lugar al otorgamiento de la liberalidad.

 

CAPITULO VII

DE LAS MODALIDADES DE PAGO POR EL COMIENZO, TRANSFERENCIA Y CESE DEL HECHO IMPONIBLE

 

 

Comienzo y Cese. Tributación Proporcional:

Art. 36.- Con excepción del impuesto a los Ingresos Brutos, cuando una actividad determinante de algún tributo de carácter anual comienza, se inscribe o empadrona durante el segundo, tercero o cuarto trimestre del año, el tributo correspondiente al ejercicio será rebajado en una proporción del veinticinco por ciento (25%) por cada uno de ellos. Correlativamente, el cese del hecho imponible producido en el primero, segundo o tercer trimestre del año determina que los tributos se rebajan en una proporción, también del veinticinco por ciento (25%) en cada uno de los mismos.

Facúltase a la Dirección General, en el caso del impuesto Patentes sobre Vehículos en General, a determinar y percibir el monto de la obligación por períodos inferiores al trimestre calendario.

 

Pago previo a la habilitación:

Art. 37.- Cuando una actividad, hecho u objeto imponible requiere habilitación o permiso, estos han de otorgarse previa inscripción y pago del tributo correspondiente, el que debe hacerse efectivo dentro de los quince (15) días posteriores a la notificación.

La iniciación del trámite y la inscripción no autorizan el funcionamiento.

 

Transferencia:

Art. 38.- Cuando se verifica la transferencia de la actividad, hecho u objeto imponible, la autorización pertinente sólo se otorga si previamente se han pagado los tributos y accesorios que corresponden.

 

Altas en impuestos empadronados:

Art. 39.- En los casos de impuestos cuya recaudación se efectúa en base a padrones, las deudas que surgen por altas y/o reformas deben ser satisfechas dentro de los quince (15) días a contar de la fecha de la notificación, salvo aquellas para las que se han establecido plazos especiales.

Para las reformas que se efectúen al padrón permanente con posterioridad al vencimiento general fijado, las obligaciones respectivas deben abonarse dentro de los quince (15) días contados a partir de la fecha de la notificación.

CAPITULO VIII

DE LA EXTINCION DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA

 

Extinción Total:

Art. 40.- La obligación solamente se considera extinguida cuando se ingresa la totalidad del tributo adeudado con más su actualización, intereses, multas y costas, si correspondieran.

 

Efectos de la extinción:

Art. 41.- La extinción total o parcial de las obligaciones derivadas de un tributo, aún cuando la Dirección General no efectúe reserva alguna, no constituye presunción de extinción de obligaciones anteriores del mismo tributo ni de intereses, multas o actualizaciones.

 

Forma, Lugar y Tiempo de Pago:

Art. 42.- Los contribuyentes y demás responsables deben abonar en la forma, lugar y tiempo que determine la Secretaría de Hacienda y Finanzas los tributos, intereses y multas, en los casos que corresponda, siempre que este Código u otra disposición no establezcan una forma especial de pago.

La Secretaría de Hacienda y Finanzas puede exigir el ingreso de anticipos a cuenta de los tributos.

El pago de los tributos debe efectuarse en las instituciones habilitadas por la Dirección General.

 

No interrupción de los plazos:

Art. 43.- Los plazos para el pago de los tributos no se interrumpen por la promoción de reclamos, pedidos de facilidades, aclaraciones e interpretaciones, debiendo ser satisfechos con más sus intereses si corresponde, sin perjuicio de la devolución a que se consideren con derecho los contribuyentes o responsables.

 

Imputación:

Art. 44.- Cuando un contribuyente o responsable deudor de tributos, actualizaciones, intereses y multas por uno o más períodos fiscales, efectúe un pago sin determinar su imputación el pago se aplicará al período fiscal más antiguo y dentro de éste, primero a las multas.

 

Compensación:

Art. 45.- La Dirección General puede compensar de oficio o a pedido de los contribuyentes sus saldos acreedores, cualquiera sea la forma o procedimientos por los que se establezcan, con las deudas que registren por el mismo tributo, teniendo en cuenta la imputación conceptual que aquellos han efectuado respecto de dichos saldos, comenzando la cancelación por el período fiscal más antiguo.

Cuando la compensación se efectúe respecto de obligaciones cuyo vencimientos han operado con anterioridad al pago o ingreso que da origen al saldo favor, deben liquidarse los intereses correspondientes al lapso que media entre aquél vencimiento y dicho pago. De resultar un remanente, devenga intereses según el régimen vigente.

En caso de no poder establecerse la imputación, han de compensarse en primer término los saldos acreedores con las multas y su actualización e intereses y el excedente si lo hay, con el gravamen y su actualización, comenzando con los más antiguos.

 

Emisión de instrumentos de pago con tercer vencimiento:

 

Art. 46.- Cuando el pago de los gravámenes se efectúa, previa emisión general de instrumentos mediante sistemas de computación, la Dirección General incluirá en los mismos un segundo vencimiento, quedando además facultada para incluir un tercero, liquidando el interés que corresponda a la tasa dispuesta por la Secretaría de Hacienda y Finanzas al tiempo de efectuarse la emisión.

 

 

Repetición y compensación:

 

Art. 47.- Los contribuyentes y responsables podrán interponer ante la Dirección General reclamo de repetición o compensación de los tributos, cuando consideren que el pago ha sido indebido y sin causa.

 

No se hará lugar a la repetición o compensación solicitada, sin la previa verificación de inexistencia de deuda con respecto del tributo de que se trata.

 

En caso de detectarse deuda se procede en primer lugar a su compensación con el crédito reclamado, reintegrando o intimando el pago de las diferencias resultantes.

 

 

Reintegro, compensación e intereses:

Art. 48.- Los importes por los que los contribuyentes o responsables soliciten reintegro o compensación de saldos a su favor y no estén comprendidos en el artículo 45º serán actualizados si así correspondiera, y devengarán el interés mensual que corresponda conforme a las prescripciones del artículo citado, a partir de la interposición del reclamo de repetición o compensación.

 

Reliquidación de gravámenes a valores actualizados cuando el error sea imputable al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:

Art. 49.- Cuando la Administración reliquida o reajusta una obligación tributaria, como consecuencia de hechos imputables al contribuyente o responsable o por haber mediado error en la liquidación original, ya sea atribuible al propio contribuyente o a la Administración, no cabe considerar extinguida la obligación por el pago que se hubiera efectuado.

En tales casos contribuyentes y responsables continúan obligados al pago de las obligaciones reliquidadas o reajustadas con más sus intereses y actualización -según Ley Nacional N° 21.281 y su reglamentación local, con las limitaciones de la Ley Nacional N° 23.928-, calculados desde el vencimiento original. En el supuesto que el error sea atribuible a la Administración y a excepción de lo dispuesto en el artículo 200, la liquidación total a ingresar no computará intereses y la actualización se reducirá en un treinta por ciento (30%).

La deuda así establecida podrá ser cancelada -a pedido del contribuyente- en cuotas mensuales consecutivas con un importe por cada una que no será superior al diez por ciento (10%) de la deuda total.

Estas normas son también aplicables al caso en que se produzca el cese del hecho generador del tributo.

 

Interés Resarcitorio:

Art. 50.- La falta total o parcial de pago de las deudas por impuestos, tasas, contribuciones u otras obligaciones fiscales, como así también las de anticipos, pagos a cuenta, retenciones, percepciones y multas, que no se abonen dentro de los plazos establecidos al efecto hace surgir sin necesidad de interpelación alguna la obligación de abonar juntamente con aquellos un interés mensual que será fijado por la Secretaría de Hacienda y Finanzas, el que al momento de su fijación no podrá exceder del doble de la mayor tasa vigente que perciba en sus operaciones el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

Todas las fracciones de mes se calcularán como enteras salvo el caso de contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los cuales el interés se liquidará en forma diaria.

 

Interés Punitorio:

Art. 51.- Cuando sea necesario recurrir a la vía judicial para hacer efectivos los pagos de las deudas por impuestos, tasas, contribuciones u otras obligaciones fiscales, sus anticipos, pagos a cuenta, retenciones, percepciones y multas, los importes correspondientes devengarán un interés punitorio computable desde la notificación de la demanda.

Dicho interés será fijado por la Secretaría de Hacienda y Finanzas, no pudiendo exceder al momento de su fijación en más de la mitad de la tasa de interés que se aplique conforme las previsiones del artículo 50º.

 

Intereses. Obligación de su pago:

Art. 52.- La obligación de abonar los intereses subsiste no obstante la falta de reserva por parte de la Dirección General al recibir el pago de la deuda principal y mientras no haya transcurrido el término de prescripción para el cobro de esta última.

 

De la prescripción:

 

Art. 53.- Las acciones y poderes del Gobierno de la Ciudad de Buenos para determinar y exigir el pago de los impuestos y demás contribuciones integrantes de su régimen rentístico, prescriben:

 

a) a)    Por el transcurso de cinco años en el caso de contribuyentes inscriptos en los Registros Fiscales locales, así como en el caso de contribuyentes no inscriptos que no tengan obligación de inscribirse o que, teniendo esa obligación y no habiéndola cumplido, regularicen espontáneamente su situación.

 

b) b)   Por el transcurso de diez años (10) en el caso de contribuyentes no inscriptos.

 

La acción de repetición de los gravámenes a que se refiere el párrafo anterior, prescribe por el transcurso de cinco (5) años.

 

 

Art. 54.- Comenzará a correr el término de prescripción del Poder Fiscal para determinar el impuesto y facultades accesorias del mismo, así como la acción para exigir el pago, desde el 1° de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas y/o ingreso del gravamen.

 

 

Art. 55.- Comenzará a correr el término de la prescripción de la acción para aplicar multa, desde el 1° de enero siguiente al año que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente considerada como hecho u omisión punible.

 

 

Art. 56.- El hecho de haber prescripto la acción para exigir el pago del gravamen no tendrá efecto alguno sobre la acción para aplicar multa, por infracciones susceptibles de cometerse con posterioridad al vencimiento de los plazos generales para el pago de los gravámenes ( presentación de declaraciones juradas inexactas, resistencia a la verificación, no concurrencia ante las citaciones, etc.).

 

 

Art. 57.- El término de la prescripción de la acción para hacer efectiva la multa, comenzará a correr desde la fecha de notificación de la resolución firme que la imponga.

 

 

Art. 58.- El término de la prescripción de la acción para repetir comenzará a correr desde el 1° de enero siguiente al año en que venció el período fiscal, si se repiten pagos o ingresos que se efectuaron a cuenta del mismo cuando aún no se había operado su vencimiento, o desde el 1° de enero siguiente al año de la fecha de cada pago o ingreso, en forma independiente para cada uno de ellos, si se repiten pagos o ingresos relativos a un período fiscal ya vencido.

 

Cuando la repetición comprende pagos e ingresos hechos por un mismo período fiscal antes y después de su vencimiento, la prescripción comenzará a correr independientemente para unos y otros, y de acuerdo a las normas señaladas en el párrafo que precede.

 

 

Art. 59.- Si durante el transcurso de una prescripción ya comenzada, el contribuyente o responsable tuviera que cumplir una determinación impositiva superior al impuesto anteriormente abonado, el término de la prescripción iniciada con relación a éste quedará suspendido hasta el 1° de enero siguiente al año en que se cancele el saldo adeudado, sin perjuicio de la prescripción independiente relativa a este saldo.

 

 

Art. 60.- No obstante el modo de computar los plazos de prescripción a que se refiere el artículo precedente, la acción de repetición del contribuyente o responsable quedará expedita desde la fecha del pago.

 

 

Art. 61.- Se suspenderá por un año el curso de la prescripción de las acciones y poderes fiscales:

 

1. Desde la fecha de intimación administrativa de pago de gravámenes determinados cierta o presuntivamente, con relación a las acciones y poderes fiscales para exigir el pago intimado. Cuando mediare recurso jerárquico, la suspensión hasta el importe del gravamen liquidado se prolongará hasta sesenta días después de notificada la resolución dictada en el mismo.

 

2. Desde la fecha de la resolución condenatoria por la que se aplique multa con respecto a la acción penal. Si la multa fuere recurrida, el término de la suspensión se contará desde la fecha de la resolución recurrida hasta sesenta días después de notificado el resultado del recurso interpuesto.

 

 

Art. 62.- La prescripción de las acciones y poderes del Fisco local para determinar y exigir el pago del gravamen, se interrumpirá:

 

1. Por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación impositiva;

 

2. Por renuncia al término corrido de la prescripción en curso;

 

3. Por la iniciación de la ejecución fiscal contra el contribuyente o responsable.

 

En los casos de los incisos 1 y 2 el nuevo término de prescripción, comenzará a correr a partir del 1° de enero siguiente al año en que las circunstancias mencionadas ocurran.

 

 

Art. 63.- La prescripción de la acción para aplicar multa o para hacerla efectiva, se interrumpirá:

 

Por la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso el nuevo término de la prescripción comenzará a correr el 1° de enero siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible.

 

 

Art. 64.- La prescripción de la acción de repetición del contribuyente o responsable se interrumpirá por la deducción del recurso administrativo de repetición. El nuevo término de la prescripción, comenzará a correr a partir del 1° de enero siguiente al año en que se cumplan los seis meses de presentado el reclamo.

 

CAPITULO IX

DE LOS DEBERES FORMALES

 

Enunciación:

Art. 65.- Los contribuyentes y demás responsables están obligados a facilitar la verificación, fiscalización, determinación y recaudación de los tributos a cargo de la Dirección General a cuyo efecto se consideran en forma especial:

 

1. 1.    La obligación de conservar la documentación y comprobantes referidos a las operaciones o situaciones que constituyen hechos imponibles, según este Código.

2. 2.    El deber de llevar los libros de contabilidad y los respectivos comprobantes en forma ordenada y actualizada, el no hacerlo implica una presunción en contra del contribuyente y demás responsables.

3. 3.    El deber de comunicar en el plazo de quince días cualquier hecho que provoque:

a) Una modificación al hecho imponible.

b) Que genere un hecho imponible nuevo, y

c) Que extinga el hecho imponible existente.

 

4. 4.    Llevar regularmente uno o más libros o registros especiales a requerimiento de la Dirección General y en la forma que ella establezca.

5. 5.    Concurrir ante los requerimientos de la Dirección General y exhibir, presentar y suministrar la documentación e información, que la misma le exija, en tiempo y forma.

6. 6.    Otorguen comprobantes y conserven sus duplicados, así como los demás documentos de sus operaciones por un término de diez años, o excepcionalmente por un plazo mayor, cuando se refieran a operaciones o actos cuyo conocimiento sea indispensable para la determinación cierta de la materia imponible.

 

Registraciones efectuadas mediante sistemas de computación:

Art. 66.- Los contribuyentes, responsables y terceros que efectúan registraciones mediante sistemas de computación de datos, deben mantener en condiciones de operatividad, los soportes magnéticos utilizados en sus aplicaciones que incluyan datos vinculados con la materia imponible por el término de diez años contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio en el que se hubieran utilizado.

La Dirección General puede requerir a los contribuyentes, responsables y terceros:

1. 1.    Copia de la totalidad o parte de los soportes magnéticos aludidos;

2. 2.    Información o documentación relacionada con el equipamiento de computación utilizado y de las aplicaciones implantadas, sobre características técnicas de los programas y equipos informáticos, ya sea que el procesamiento se desarrolle en equipos propios o arrendados o que el servicio sea prestado por un tercero.

Asimismo puede requerir especificaciones acerca del sistema operativo y los lenguajes y utilitarios empleados, como también, listados de programas, carpetas de sistemas, diseño de archivos y toda otra documentación o archivo inherentes al proceso de los datos que configuran los sistemas de información.

3. 3.    La utilización, por parte del personal fiscalizador de la Dirección General, de programas y utilitarios de aplicación en auditoría fiscal que posibiliten la obtención de datos instalados en el equipamiento informático del contribuyente y que sean necesarios en los procedimientos de control a realizar.

Lo especificado en el presente artículo también es de aplicación a los servicios de computación que realicen tareas para terceros en relación a los sujetos que se encuentren bajo verificación.

La Dirección General ha de disponer los datos que obligatoriamente deben registrarse, la información inicial a presentar por parte de los responsables o terceros, y la forma y plazos en que deben cumplir las obligaciones dispuestas en el presente artículo.

 

Deberes de los terceros:

Art. 67.- Los terceros están obligados a suministrar a la Dirección General, ante su requerimiento, todos los informes que se refieran a hechos que en el ejercicio de sus actividades comerciales o profesionales han debido conocer y que constituyen o modifican hechos imponibles, salvo el caso del secreto profesional.

 

Deberes de los escribanos y oficinas públicas:

Art. 68.- Ningún escribano ha de otorgar escrituras y ninguna oficina pública ha de realizar tramitación alguna con respecto a negocios, bienes, o actos relacionados con las obligaciones tributarias cuyo cumplimiento no se compruebe con "constancia de deuda", con excepción de los previstos para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

En el caso de la transferencia de inmuebles los escribanos con la solicitud de las "constancias de deuda" deben suscribir una declaración jurada conteniendo todos los datos de la transferencia de dominio y comunicar la transferencia a la Dirección General dentro de los quince (15) días de celebradas las escrituras o sus anulaciones.

No podrán los escribanos autorizar escrituras por las que se constituyan o transmitan derechos reales sobre inmuebles sin el debido cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nacional N° 22.427.

En las retenciones que efectuaran para cancelar tributos adeudados, los montos deben ser suficientes para extinguir totalmente las obligaciones al tiempo del pago.

Las sumas retenidas deben ingresarse dentro de los quince (15) días de su retención.

 

Secreto Fiscal:

Art. 69.- Las declaraciones juradas, comunicaciones e informes que presentan los contribuyentes, responsables o terceros en cumplimiento de las obligaciones establecidas por este Código son de carácter secreto.

Esta disposición no rige en los casos de informaciones requeridas por organismos fiscales nacionales, provinciales y municipales, a condición de reciprocidad, de seguridad social de las diferentes jurisdicciones estatales y para informaciones que deben ser agregadas a solicitud de la autoridad judicial en los procesos criminales por delitos comunes, o bien cuando los solicita o autoriza el propio interesado o en los juicios en que es parte contraria al Fisco Nacional, Provincial o Local y en cuanto la información no revele datos referentes a terceros.

 

CAPITULO X

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

 

Infracciones:

Art. 70.- El incumplimiento de toda obligación tributaria de naturaleza substancial o formal, constituye infracción punible, dando lugar a su juzgamiento y sanción.

Las infracciones que se tipifican en este Capítulo son: infracción a los deberes formales, evasión y defraudación.

 

Infracción a los deberes formales:

Art. 71.- Los incumplimientos a los deberes formales establecidos por este Código, así como por las disposiciones que lo complementan son sancionadas con multas cuyos límites fijará la Ley Tarifaria, sin perjuicio de aplicar los intereses y las multas por evasión o defraudación.

Se tipifica especialmente como resistencia pasiva a la fiscalización efectuada por la Dirección General, el incumplimiento fehacientemente acreditado a los requerimientos que la misma exija a través de sus agentes. La comisión de esta infracción será susceptible de penalización con el máximo de la multa prevista.

 

Multa por omisión de presentación de declaraciones juradas.

Art. 72.- La omisión de presentar las declaraciones juradas en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos a su vencimiento, podrá ser sancionada sin necesidad de requerimiento previo con una multa cuyo monto máximo no podrá superar 10 veces el mínimo establecido en el artículo 94º de la Ley Tarifaria para infracción a los deberes formales. Facúltase a la Dirección General a graduar dicho importe según grupos y categorías de contribuyentes de que se trate, de acuerdo a modalidades y formas que resulten de aplicación, así como a imponer las sanciones de acuerdo a los requerimientos operativos.

Las mismas sanciones se podrán aplicar cuando se omitiera proporcionar los datos que modifiquen el hecho imponible del tributo.

El procedimiento de aplicación de esta multa podrá iniciarse a opción de la Dirección General con una notificación emitida por el sistema de computación de datos, en la que conste claramente el acto u omisión que se atribuye. Si dentro del plazo de quince (15) días a partir de la notificación el infractor pagara voluntariamente la multa y cumpliera con el deber formal omitido, el importe de la multa se reducirá de pleno derecho a la mitad y la infracción no se considerará como un antecedente en su contra.

El mismo efecto se producirá si ambos requisitos se cumplimentaren desde el vencimiento general de la obligación hasta los quince (15) días posteriores a la notificación mencionada.

En caso de no pagarse la multa o de no cumplirse con el deber formal debe substanciarse el sumario respectivo.

 

Evasión:

Art. 73.- Los contribuyentes o responsables que omiten el pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la presentación de la declaración jurada mensual o anual, cuando ello resulta exigible, incurren en evasión y son sancionados con una multa graduable entre el cincuenta por ciento (50%) y el cien (100%) del gravamen omitido.

La sanción sólo se aplica cuando se ha iniciado o se ha librado una orden de inspección.

La sanción no se aplica en el caso de contribuyentes que presentan la declaración jurada en tiempo oportuno exteriorizando su obligación tributaria, aún cuando no efectúen el ingreso del gravamen en la fecha del vencimiento sin perjuicio de los intereses pertinentes.

No se aplica la sanción prevista, cuando el incumplimiento se refiere al pago de las cuotas habituales de las contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras, las Patentes sobre Vehículos en General y adicional fijado por la Ley Nacional Nº 23.514, o la Contribución por Publicidad.

Las sanciones a que se refiere este artículo no se aplica cuando la pena no supere los importes que fije la Ley Tarifaria.

 

Defraudación:

Art. 74.- Los contribuyentes, responsables o terceros que realicen cualquier hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación o en general cualquier maniobra con el propósito de producir o facilitar la evasión total o parcial de los tributos a los que están obligados ellos u otros sujetos serán sancionados por defraudación con una multa graduable entre el doscientos por ciento (200%) y el mil por ciento (1.000%) del gravamen defraudado o que se haya pretendido defraudar; sin perjuicio de la responsabilidad penal por delitos comunes.

 

Presunciones:

Art. 75.- Se presume la intención de defraudación al fisco, salvo prueba en contrario, cuando se presenta cualquiera de las siguientes circunstancias:

1. 1.    Contradicción evidente entre los libros, documentos o demás antecedentes correlativos con los datos proporcionados por los contribuyentes o responsables;

2. Aplicación abiertamente violatoria que se haga de los preceptos legales y reglamentarios para determinar el gravamen;

3. Declaraciones juradas cuyos datos esenciales para la determinación de la materia imponible sean falsos;

4. Producción de informes y comunicaciones falsas con respecto a los hechos u operaciones que constituyen hechos imponibles;

5. No denunciar en tiempo y forma hechos o situaciones que determinen el aumento del tributo que deben abonar los contribuyentes o responsables;

6. Exclusión de algún bien, actividad u operación que implique una declaración incompleta de la materia imponible;

7. No exhibir libros, contabilidad o los registros especiales que disponga la Dirección General, cuando existen evidencias que indican su existencia;

8. En caso de no llevarse libros de contabilidad, registraciones y documentos de comprobación suficiente, cuando ello carezca de justificación en consideración a la naturaleza o volumen de las operaciones o del capital invertido o a la índole de las relaciones jurídicas y económicas establecidas habitualmente a causa del negocio o explotación;

9. Cuando se declaren o hagan valer tributariamente formas o estructuras jurídicas inadecuadas o impropias de las prácticas del comercio, siempre que ello oculte o tergiverse la realidad o finalidad económica de los actos, relaciones o situaciones con incidencia directa sobre la determinación de los impuestos.

10. No haberse inscripto a los efectos del pago de los tributos, transcurridos 60 días del plazo legal respectivo.

 

Responsables de las infracciones:

Art. 76.- Son responsables por las infracciones previstas en este Capítulo y pasibles de las penas establecidas, quienes de acuerdo con las disposiciones de este Código son considerados contribuyentes, responsables u obligados al pago de los tributos, o al cumplimiento de los restantes deberes impositivos.

Cuando una persona de existencia jurídica sea pasible de las penas previstas por este Capítulo, serán solidaria e ilimitadamente responsables de su pago los socios promotores, directores, gerentes y administradores.

 

Reincidencia:

Art. 77.- Será considerado reincidente a los efectos de este Capítulo, el que habiendo sido sancionado mediante resolución firme por tres infracciones a los deberes formales o por evasión o defraudación, cometiere una nueva infracción.

Los reincidentes serán pasibles de una multa no menor de 3 ó 6 veces el gravamen omitido o pretendido defraudar respectivamente, debidamente actualizado.

La Ley Tarifaria establecerá los límites de la multa que debe abonar el reincidente por infracción a los deberes formales.

La sanción anterior no se tendrá en cuenta a los efectos de la reincidencia, cuando hubieran transcurrido 5 años de su aplicación.

 

Del Registro de Reincidencia de Faltas Fiscales (RRFF):

Art.78.- Créase en jurisdicción de la Dirección General el Registro de Reincidencia de Faltas Fiscales; cuyo cometido será llevar constancia cronológica y sistemática de todos los contribuyentes que hayan sido sancionados en firme por las causales enumeradas en los artículos 71º, 73º y 74º de la presente, como así también de las sanciones recaídas y de sus respectivas causas. Toda actuación de investigación o sumarial instruida en averiguación de las faltas tributarias aludidas, deberá contar obligatoriamente con la información actualizada de este Registro, previo a dictarse resolución.

 

Responsabilidad de los agentes de recaudación:

Art. 79.- Los agentes de retención o de percepción que mantuvieren en su poder gravámenes retenidos o percibidos después de haber vencido los plazos para ingresarlos, incurren en defraudación y son pasibles de una multa graduable entre el doscientos por ciento (200%) hasta el mil por ciento (1.000%) del gravamen retenido o percibido.

No se admitirá excusación basada en la falta de existencia de la retención o percepción, cuando éstas se encuentren documentadas, registradas, contabilizadas, comprobadas o formalizadas de cualquier modo.

La omisión de retener o percibir es pasible de una multa del cincuenta por ciento (50%) al cien por ciento (100%) del importe dejado de retener o percibir, salvo que demuestre que el contribuyente lo ha colocado en la imposibilidad de cumplimiento.

 

Permisionarios o concesionarios. Efectos del Incumplimiento:

Art. 80.- Los permisionarios o concesionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no deben adeudar a ésta suma alguna en concepto de tasas, derechos, impuestos o contribuciones para mantenerse en el goce del permiso o concesión. Si los permisionarios o concesionarios adeudan algún importe al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por los conceptos indicados, debe intimárseles para que dentro del plazo único y perentorio de quince (15) días hábiles regularicen la respectiva situación fiscal. El transcurso de dicho plazo sin que se haya efectuado el pago correspondiente o el acogimiento a los planes oficiales de cancelación establecidos o que se establezcan, implica automáticamente y de pleno derecho la caducidad del permiso o concesión, sin que ello dé lugar a reparación o indemnización de ninguna naturaleza.

De regularizar el permisionario o concesionario su situación fiscal con posterioridad a ese evento, el Poder Ejecutivo podrá revalidar el permiso o concesión en la medida en que sea satisfactorio a los intereses de la Ciudad de Buenos Aires y no se hubieren otorgado derechos a terceros.

 

Graduación de las sanciones:

Art. 81.- Las sanciones previstas por este Capítulo se gradúan en cada caso, considerando las circunstancias y gravedad de los hechos.

 

Exoneración y reducción de sanciones:

 

Art. 82.- No se aplicarán sanciones por las infracciones de evasión o defraudación, en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos cuando el contribuyente presta su conformidad a los ajustes practicados por la Dirección General e ingresa el importe resultante y la diferencia total que arroje la verificación no es superior al tiempo del juzgamiento a Pesos diez mil ($ 10.000) o el equivalente que fije anualmente la Ley Tarifaria o al veinte por ciento (20%) del impuesto total declarado por el contribuyente por los períodos verificados.

 

Tampoco se aplicarán las sanciones previstas en el presente Capítulo en los casos y por los períodos en que el impuesto o diferencia de impuesto haya podido ser determinada de oficio luego de que el contribuyente o responsable hubiera renunciado a la prescripción cumplida a su favor.

 

Si un contribuyente rectifica sus declaraciones juradas y paga la totalidad del ajuste que se le reclama, dentro del plazo de quince (15) días de notificado por la inspección interviniente, mediante acta suscripta al efecto, la multa a aplicar en el sumario se reducirá de pleno derecho al veinticinco por ciento (25%) del mínimo legal.

 

Si un contribuyente rectifica sus declaraciones juradas y regulariza el ajuste que se le reclama mediante un plan de facilidades, dentro del plazo de quince (15) días de notificado por la inspección interviniente, mediante acta suscripta al efecto, la multa a aplicar en el sumario se reducirá de pleno derecho al treinta y cinco (35%)del mínimo legal.

 

Si un contribuyente rectifica sus declaraciones juradas pero no paga el ajuste que se le reclama, dentro del plazo de quince (15) días de notificado por la inspección interviniente, mediante acta suscripta al efecto, la multa a aplicar en el sumario se reducirá de pleno derecho al ochenta y cinco por ciento (85%) del mínimo legal.

 

Si un contribuyente rectifica sus declaraciones juradas y paga la totalidad del ajuste que se le reclama, o lo regulariza mediante un plan de facilidades, después del dictado de la resolución que inicia el procedimiento de determinación de oficio e instruye el sumario conexo, la multa a aplicar en el sumario se reducirá de pleno derecho al cincuenta por ciento (50%) del mínimo legal.

 

Si un contribuyente rectifica sus declaraciones juradas aceptando la determinación de oficio y paga el ajuste que se le reclama, o lo regulariza mediante un plan de facilidades con anterioridad a que la determinación de oficio quede firme, la multa a aplicar en el sumario se limitará de pleno derecho al mínimo legal.

 

Los contribuyentes que interpongan Recurso de Reconsideración y/o Jerárquico, no podrán regularizar su situación mediante planes de facilidades de pago.

 

En los supuestos de aplicación de multa de pago voluntario y de incumplimiento a los deberes formales, la Dirección General podrá eximir de sanción al responsable cuando a su juicio la infracción no revista gravedad.

 

Si los contribuyentes o responsables presentan la declaración jurada final o las que corresponden por cada uno de los anticipos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos pero no pagan el impuesto resultante no incurren en infracción punible, sino en simple mora.

 

Error u omisión excusable:

Art. 83.- Las sanciones por incumplimiento a los deberes formales y por evasión, no son aplicables cuando la infracción debe ser atribuida a error u omisión excusable, sea de hecho o de derecho.

 

Contribuyentes quebrados o concursados:

Art. 84.- Los contribuyentes o responsables a los que se les decreta la quiebra o se le haya proveído el concurso, no son pasibles de las sanciones previstas en este Capítulo, salvo que las infracciones cometidas lo sean como consecuencia de hechos u omisiones realizados luego de haberse decidido judicialmente la continuación definitiva de la explotación.

 

Muerte del infractor:

Art. 85.- Las acciones para aplicar las multas por las infracciones tipificadas en este Capítulo, así como las ya impuestas, se extinguen por la muerte del infractor.

 

Pago de multas:

Art. 86.- Las multas aplicadas por la Dirección General deben ser abonadas dentro de los quince (15) días de quedar notificada y firme la resolución que impone la sanción.

Los importes establecidos en concepto de multas devengarán los intereses fijados para el pago de impuesto en mora a partir de que adquieran el carácter de líquidos y exigibles; las fracciones de mes se calcularán como meses enteros.

CAPITULO XI

DE LAS FACULTADES DEL PODER EJECUTIVO

 

 

Pedidos de interpretación:

Art. 87.- Los pedidos de interpretación de las normas tributarias serán resueltos por la Secretaría de Hacienda y Finanzas, debiendo disponerse la publicación en el Boletín Oficial de las resoluciones que alcancen a la generalidad o a un sector de contribuyentes, respetando las normas del secreto fiscal.

 

Facilidades de pago:

Art. 88.- La Secretaría de Hacienda y Finanzas se encuentra facultada para acordar facilidades para el pago de deudas tributarias vencidas, con las modalidades y garantías que estime corresponder.

 

Art. 89.-. La Secretaría de Hacienda y Finanzas está facultada a conceder en el caso de las contribuciones de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Territorial y de Pavimentos y Aceras y de Patentes sobre Vehículos en General, y de la Ley Nacional N° 23.514, descuentos por pago anticipado, en la forma y bajo las condiciones que determine, aplicando una tasa de descuento no superior al doce por ciento (12%) anual.

 

Constitución de depósitos en garantía:

Art. 90.- La Secretaría de Hacienda y Finanzas está facultada para exigir, en los casos y con las modalidades que estime pertinentes, la constitución de depósitos en garantía que correspondan por el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

 

Agentes de retención, percepción o información:

Art. 91.- Sin perjuicio de las ya establecidas, la Secretaría de Hacienda y Finanzas, puede imponer otras categorías de agentes de retención, percepción o información conforme a las modalidades que establezca.

 

Procedimientos a reglamentarse:

Art. 92.- La Dirección General debe reglamentar los procedimientos para:

1. DETERMINAR DE OFICIO LA MATERIA IMPONIBLE EN FORMA CIERTA O PRESUNTA.

2. Aplicación de multas.

3. Intimación de gravamen y multas.

4. Verificar los créditos fiscales en los juicios concursales cuando se ha decretado la quiebra o concurso preventivo del contribuyente o responsable.

 

 

Defensa de los Derechos del Contribuyente:

 

Art. 93.- En los casos de los incisos 1, 2 y 3 del artículo anterior se ha de dar vista al contribuyente asegurando que éste pueda ejercer la defensa de sus derechos.

En ningún caso han de otorgarse plazos totales mayores a treinta días para ofrecer descargos, presentar pruebas o para diligenciar cualquier instancia administrativa.

 

Art. 94.- Junto con las boletas de pago y demás documentación referida a la liquidación de impuestos empadronados, remitidas al contribuyente por el gobierno de la ciudad, se deberá informar para cada bien individual, al menos una vez al año, la facturación detallada de cada gravamen, incluyendo la valuación, alícuota empleada y, cuando fuere aplicable, la categoría, superficie, puntaje, peso, antigüedad, y otras caracterizaciones del bien utilizadas por la administración para la determinación del impuesto. En los casos en que la valuación del bien gravado se componga de dos o más partes, esta información deberá proporcionarse para cada una de ellas.

Esta obligación regirá a partir del ejercicio fiscal del año 2000.

 

Delegación:

Art. 95.- El Poder Ejecutivo puede delegar las funciones y facultades conferidas por el presente Código de manera general o especial, en los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Finanzas.

 

Facultades reglamentarias:

Art. 96.- Autorízase al Poder Ejecutivo para reglamentar las disposiciones del presente Código.

 

Convenios de Colaboración:

Art. 97.- Facúltase al Poder Ejecutivo a celebrar convenios de colaboración con Organismos Nacionales, Provinciales y Municipales y con entidades privadas tendientes a optimizar los sistemas de recaudación, ad-referendum de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Texto Ordenado:

Art. 98.- Facúltase al Poder Ejecutivo a confeccionar un texto ordenado del Código Fiscal cada vez que resulte necesario y a actualizar las remisiones en él existentes, respecto de la Ley Tarifaria que para cada año se sancione.

 

CAPITULO XII

DEL REGIMEN DE ACTUALIZACION

 

Obligaciones alcanzadas:

Art. 99.- Los importes de las deudas por impuestos, derechos, tasas y otras contribuciones, las multas fijadas por este Código y la Ley Tarifaria, así como las disposiciones concordantes de ordenamientos de años anteriores que no hubieren sido abonados en término, serán actualizados conforme lo establece la Ley Nacional N° 21.281 y su reglamentación, con las limitaciones de la Ley Nacional N° 23.928.

 

CAPITULO XIII

DE LAS CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y PROCEDIMENTALES

 

Montos mínimos:

Art. 100.- Queda autorizado el Poder Ejecutivo para no realizar gestiones de cobro por deudas provenientes de las obligaciones tributarias a que se refiere el artículo 1° de este Código cuando el monto de las liquidaciones o las diferencias que surjan por reajustes, por cada impuesto, derecho, tasa, contribución ( incluidos actualizaciones, recargos, multas e intereses ) y período fiscal, sea inferior a los montos que fije la Ley Tarifaria.

Asimismo los accesorios enunciados precedentemente podrán considerarse en forma independiente, tomándose en cuenta el total adeudado.

Para el supuesto de promoverse acción judicial, la Ley Tarifaria también fijará los importes y alcances pertinentes.

 

Determinaciones de oficio:

Art. 101.- En los casos de liquidaciones o reliquidaciones que comprendan diversos períodos fiscales, se ha de considerar el importe correspondiente al total de la deuda determinada con su actualización y accesorios a la fecha de quedar firme la determinación.

 

Multa por infracciones a los deberes formales:

Art. 102.- Las disposiciones contenidas en los dos artículos precedentes son aplicables a las multas impuestas por la comisión de infracciones a los deberes formales.

 

Eliminación de fracciones:

Art. 103.- En el monto de la liquidación de los gravámenes, intereses, multas y actualizaciones, deben eliminarse las fracciones que fije la Ley Tarifaria.

 

Preeminencia sobre el procedimiento administrativo local:

Art. 104.- Las normas y términos específicos contenidos en el presente Código tienen preeminencia con respecto a los de la Ley de Procedimientos Administrativos (B.O. 310).

 

Plazos:

Art. 105.- Para todos los términos establecidos en días en el presente Código y en las normas dictadas en su consecuencia, se computarán únicamente los días hábiles para la Administración de la Ciudad de Buenos Aires, salvo que de ellas surgiera lo contrario.

Los plazos por días comienzan a correr a partir del día siguiente al de la notificación.

Los plazos por horas comienzan a correr desde la cero hora del día hábil siguiente al de la notificación.

 

Recursos:

Art.106.- Contra las resoluciones que dicta la Dirección General, el contribuyente o los responsables podrán interponer recurso de reconsideración dentro de los quince (15) días de su notificación, el que será resuelto por el Director General. Este recurso se resolverá sin substanciación, previo informe técnico de la repartición, en un plazo no mayor de treinta (30) días a partir de su interposición.

 

La resolución recaída en el recurso de reconsideración quedará firme a los quince (15) días de notificada, salvo que dentro de este plazo el recurrente interponga recurso jerárquico ante la Secretaría de Hacienda y Finanzas, con efecto suspensivo sobre la intimación de pago, en el que se expresen todos los agravios.

 

El recurso jerárquico podrá interponerse sin embargo, sin haberse deducido previamente recurso de reconsideración, en cuyo caso el plazo para impetrarlo será el previsto para éste.

 

La Secretaría de Hacienda y Finanzas substanciará dicho recurso dictando resolución definitiva, que agotará la vía administrativa. Producido esto podrá deducirse impugnación judicial ante los Tribunales competentes.

 

Vencido el plazo de la intimación de pago efectuada por la resolución recurrida, contado desde la notificación de la resolución que resuelve el recurso jerárquico sin que el obligado justifique su cumplimiento, queda expedita la vía para iniciar la ejecución fiscal o, en su caso, la verificación judicial del crédito, librándose para ello la constancia de deuda pertinente.

 

Con el consentimiento expreso o tácito de la resolución de la Dirección General, y en su medida si fuese parcial, también queda expedita la acción judicial debiendo librarse constancia de deuda al efecto.

 

 

CAPITULO XIV

 

DE LAS NORMAS QUE REGULAN LOS PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS EN GENERAL Y DE LA DETERMINACIÓN DE OFICIO Y DE LA APLICACION DE SANCIONES EN ESPECIAL.

 

Procedimiento tributario:

Art. 107.- Los procedimientos relativos a la determinación de oficio de las obligaciones tributarias del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a la aplicación de las sanciones previstas por este Código, respecto de los ilícitos tributarios vinculados con todos los gravámenes regulados por el mismo ordenamiento y cualquier otra reclamación a que los contribuyentes se consideren con derecho, se ajustan a las siguientes prescripciones y a las restantes, que al efecto contiene este Código:

 

1. El procedimiento de determinación de oficio, en forma cierta o presunta, de las obligaciones tributarias correspondientes al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y la instrucción de los sumarios por infracción a los deberes formales, o por la comisión de evasión o defraudación, cualquiera sea el tributo involucrado, se inician por resolución de la Dirección General; con la salvedad de la aplicación de la multa automática en los casos y con las modalidades previstos por este Código y la Ley Tarifaria;

2. La resolución que resuelve la iniciación del procedimiento de determinación de oficio ha de instruir también el sumario conexo;

3. La resolución fundada en derecho, ha de contener:

a) Una síntesis razonada de los hechos;

b) Las impugnaciones o cargos formulados al contribuyente;

c) El acto u omisión imputados como infracción;

 

4. La resolución debe conceder vista al interesado de la totalidad de las actuaciones y conferirle un plazo de quince (15) días para expresar por escrito su descargo, ofrecer y producir las pruebas que hicieran a su derecho;

5. Las actuaciones son secretas para todas las personas ajenas pero no para las partes o sus representantes o para quienes ellas expresamente autoricen;

6. La personería se acreditará con testimonio de poder especial, o copia certificada de poder general o carta poder con firma certificada por la Policía o institución bancaria, autoridad judicial o escribano;

7. No se dará curso a ningún escrito en donde no se consigne el domicilio fiscal;

8. Tratándose de la iniciación del procedimiento de determinación de oficio, el traslado de la resolución ha de estar acompañado de las liquidaciones cuyo pago se reclama en las que deben explicitarse:

a) Importe de los ingresos brutos obtenidos;

b) Deducciones;

c) Alícuotas;

d) Importe en concepto de impuesto;

Todo ello discriminado, por ejercicio fiscal y anticipo, entre lo declarado y pagado por el contribuyente, lo verificado por la inspección y la diferencia final a abonar;

9. En circunstancias excepcionales, a pedido de parte interesada y por resolución fundada puede ampliarse el término fijado para la producción de la prueba por un plazo de hasta 40 días. La decisión es irrecurrible;

10. La Dirección General debe decidir mediante acto fundado e irrecurrible sobre las pruebas cuya producción requiera el contribuyente;

 

11. Sin perjuicio de ello, la Dirección General está facultada para adoptar cuanta medida para mejor proveer considere necesaria, pudiendo especialmente suplir las pericias contables ofrecidas, por la intervención de agentes dependientes del Gobierno de la Ciudad con título de Contador Público Nacional que produzcan el informe técnico pertinente;

 

12. El diligenciamiento de la prueba de informes queda a cargo del contribuyente, dentro de los 15 días de notificada la procedencia de la prueba. En idéntico plazo ha de acreditarse su diligenciamiento.

El incumplimiento de los plazos establecidos importa de pleno derecho el desistimiento de la prueba propuesta;

 

13. Si los pedidos de informes no son contestados dentro de los veinte (20) días, a su vencimiento se admite dentro de los quince (15) días siguientes, su reiteración por única vez y por idéntico plazo; a su finalización, la Dirección General ha de continuar la tramitación de los autos según su estado quedando facultado el Director General a dictar resolución prescindiendo de la prueba informativa, excepto cuando se tratara de una omisión de la propia Administración.

 

14. La prueba arrimada a las actuaciones, aún extemporáneamente, debe ser considerada por la resolución correspondiente, salvo que se hubiera producido su dictado;

 

15. Todas las fojas y todos los elementos que integran la actuación deben ser considerados como pruebas a los efectos del dictado de los respectivos actos administrativos;

 

16. En caso de inminente prescripción de las acciones fiscales, la producción de la totalidad de la prueba ha de cumplirse en el término improrrogable de quince (15) días, salvo que mediara expresa renuncia al término de la prescripción transcurrido a favor del contribuyente.La renuncia a la prescripción debe efectuarse de modo liso y llano, sin condicionamientos y por todo el término ocurrido a favor del contribuyente. En cualquier caso se considerará realizada en estos términos;

 

17. La prueba de carácter documental debe agregarse juntamente con el escrito de descargo;

 

18. Contestada la vista o transcurrido el término que corresponda, debe dictarse resolución fundada con expresa mención del derecho aplicado y de las pruebas producidas o elementos considerados;

Con esta resolución se han de concluir los trámites abiertos, de conformidad con todo lo actuado, practicando la determinación impositiva o manteniendo las declaraciones juradas originariamente presentadas por el contribuyente, sancionando o sobreseyendo de las imputaciones formuladas, sea en sumario conexo al procedimiento determinativo o en el instruído en forma independiente o exclusiva;

 

19. Las cuestiones planteadas por los contribuyentes en la contestación a la vista deben ser resueltas en la resolución respectiva;

 

20. La substanciación y la supervisión de los procedimientos determinativos y sumariales deben ser efectuados por la dependencia jurídica de la Dirección General;

 

21. No es necesario dictar la resolución determinando de oficio la obligación tributaria si -antes de ese acto- el responsable prestase su conformidad con las impugnaciones o cargos formulados lo que entonces surte los efectos de una declaración jurada para el responsable y de una determinación de oficio para el Fisco;

 

22. La resolución determinativa ha de intimar el pago del impuesto adeudado, con más sus intereses y, en su caso, de la multa aplicada, en el término improrrogable de quince días (15) días, siendo innecesaria la liquidación del monto de los intereses, pues se entienden adeudados automáticamente sin otro requisito que el transcurso del tiempo. Con la notificación de la resolución se concede la vista de las actuaciones.

En el mismo plazo de quince (15) días se intima el pago de la multa aplicada en un sumario independiente;

23. En los casos en que se deban resolver cuestiones de índole estrictamente tributaria, tanto de carácter particular como general, con carácter previo al dictado del acto corresponderá la emisión del informe técnico de la Dirección General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario, en tanto la intervención de la Procuración General resultará obligatoria en los términos de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad y Artículo 134º de la Constitución de la Ciudad;

En los casos de proyectos tributarios de carácter normativo o interpretativo, como así en la substanciación de los recursos jerárquicos referidos a la materia, deberá expedirse la Dirección General de Investigación y Análisis Fiscal;

 

Toda presentación que se efectúe en el curso de los procedimientos regidos por este Código o vinculados a cuestiones tributarias de cualquier naturaleza, debe hacerse directamente por ante la oficina interviniente de la Dirección General, o aquélla que esta última habilite, con excepción de las solicitudes de exención por parte de jubilados y pensionados;

 

La impugnación de liquidaciones practicadas por la Dirección General por la comisión de errores de cálculo se resuelve sin substanciación.

 

Actas. Valor probatorio:

Art. 108-. Los funcionarios de la Dirección General cada vez que intervienen deben labrar un acta en la que ha de constar la intimación que se efectúa, la fecha del comparendo y si se exhiben elementos o se informa verbalmente, el detalle de la documentación observada o de la información suministrada.

El acta, firmada o no por el contribuyente, responsable o tercero, sirve como prueba en los procedimientos para la determinación de oficio de las obligaciones tributarias, aplicación de sanciones y en los juicios que oportunamente se substancien.

 

TITULO II

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

CAPITULO I

DEL HECHO IMPONIBLE

 

Concepto:

Art. 109.- Por el ejercicio habitual y a título oneroso en la Ciudad de Buenos Aires del comercio, industria, profesión, oficio, negocio, locaciones de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad a título oneroso, cualquiera sea el resultado obtenido y la naturaleza del sujeto que la preste, incluidas las cooperativas, y el lugar donde se realiza (zonas portuarias, espacios ferroviarios, aeródromos y aeropuertos, terminales de transporte, edificios y lugares del dominio público y privado, y todo otro de similar naturaleza), se pagará un impuesto de acuerdo con las normas que se establecen en el presente Capítulo.

 

Interpretación:

Art. 110.- Para la determinación del hecho imponible, debe atenderse a la naturaleza específica de la actividad desarrollada, con prescindencia -en caso de discrepancia- de la calificación que merezca a los fines de policía municipal o de cualquier otra índole, o a los fines del encuadramiento en otras normas nacionales, provinciales o municipales, ajenas a la finalidad de este Código.

 

Conjunto Económico:

Art. 111.- Se consideran alcanzadas por el gravamen las transacciones efectuadas entre entidades jurídicamente independientes aunque integren un mismo conjunto económico.

 

Habitualidad:

Art. 112- La habitualidad está determinada por la índole de las actividades que dan lugar al hecho imponible, el objeto de la empresa, profesión o locación y los usos y costumbres de la vida económica.

 

El ejercicio habitual de la actividad gravada debe ser entendido como el desarrollo -en el ejercicio fiscal- de hechos, actos u operaciones de la naturaleza de las alcanzadas por el impuesto, con prescindencia de su cantidad o monto cuando las mismas se efectúan por quienes hacen profesión de tales actividades.

El ejercicio en forma discontinua o variable de actividades gravadas, no hace perder al sujeto pasivo del gravamen su calidad de contribuyente.

 

Habitualidad. Presunciones:

Art. 113.- Se presume la habitualidad en el desarrollo de las siguientes actividades:

 

1. Intermediación ejercida percibiendo comisiones, bonificaciones, porcentajes u otras retribuciones análogas;

2. Fraccionamiento y venta de inmuebles (loteos), compraventa y locación de inmuebles;

3. Explotaciones agropecuarias, mineras, forestales e ictícolas;

4. Comercialización en esta jurisdicción de productos o mercaderías que entran en ella por cualquier medio de transporte;

5. Operaciones de préstamo de dinero, con o sin garantía;

6. Organización y explotación de exposiciones, ferias y espectáculos artísticos.

 

Inexistencia:

Art. 114.- No constituyen el hecho imponible a que se refiere este impuesto:

1. El trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, con remuneración fija o variable;

2. El desempeño de cargos públicos;

3. La percepción de jubilaciones u otras pasividades en general.

 

Actividades no mencionadas expresamente. Su tratamiento:

Art. 115.- Toda actividad o ramo no mencionados expresamente en este Código o en la Ley Tarifaria, están igualmente gravados; en este supuesto deben tributar con la alícuota general.

 

CAPITULO II

DE LAS EXENCIONES

 

Enunciación:

Art. 116.- Están exentos del pago de este gravamen:

1. Los ingresos obtenidos por las Bolsas de Comercio autorizadas a cotizar títulos valores, Bolsa de Cereales y los Mercados de Valores y Mercados de Cereales que funcionan en su ámbito.

 

2. Los ingresos provenientes de toda operación sobre títulos, letras, bonos, obligaciones y demás papeles emitidos y que se emitan en el futuro por la Nación, las Provincias,las Municipalidades y la Ciudad de Buenos Aires como así también las rentas producidas por los mismos o los ajustes de estabilización o corrección monetaria. Toda operación sobre acciones y la percepción de dividendos y revalúos.

Los ingresos provenientes de toda operación sobre obligaciones negociables emitidas de conformidad a lo dispuesto por la Ley Nacional N° 23.576, la percepción de intereses y actualizaciones devengadas y el valor de venta en caso de transferencia.

Las actividades desarrolladas por los agentes de bolsa y por todo tipo de intermediarios en relación con tales operaciones no se encuentran alcanzadas por la presente exención.

 

3. Los ingresos provenientes de la edición de libros, diarios, periódicos y revistas, en todo su proceso de creación, ya sea que la actividad la realice el propio editor o terceros por cuenta de éste.

Igual tratamiento tiene la distribución y venta de los impresos citados.

Están comprendidos en esta exención los ingresos provenientes de la locación de espacios publicitarios en tales medios (avisos, edictos, solicitadas, etc.);

 

4. Los ingresos obtenidos por los establecimientos educacionales privados incorporados a los planes de enseñanza oficial y reconocidos como tales por las respectivas jurisdicciones.

 

5. Los ingresos derivados de la representación de diarios, periódicos y revistas del interior del país.

 

6. Los ingresos de los socios o accionistas de cooperativas de trabajo, provenientes de los servicios prestados en las mismas. Esta exención no alcanza a los ingresos provenientes de prestaciones o locaciones de obras o de servicios por cuenta de terceros, aún cuando dichos terceros sean socios o accionistas o tengan inversiones que no integran el capital societario.

 

7. Los ingresos provenientes de las operaciones realizadas por las fundaciones, las asociaciones, entidades o comisiones de beneficencia, de bien público, asistencia social, de educación e instrucción, científicas, artísticas, culturales y deportivas -todas éstas sin fines de lucro- siempre que los ingresos obtenidos sean destinados exclusivamente al objeto previsto en sus estatutos sociales, acta de constitución o documento similar y en ningún caso se distribuyan directa o indirectamente entre los socios. En estos casos se debe contar con personería jurídica o el reconocimiento o autorización por autoridad competente según corresponda.

 

8. Los ingresos derivados de los intereses y/o actualización de depósitos en caja de ahorro, a plazo fijo y en cuenta corriente.

 

9. Los ingresos obtenidos por el ejercicio de profesiones liberales universitarias, no organizado en forma de empresa.

 

10. Los ingresos correspondientes al propietario por el alquiler de hasta dos unidades de vivienda y siempre que no se supere el importe que fije la Ley Tarifaria.

 

11. Los ingresos provenientes de las ventas de inmuebles en los siguientes casos:

 

a) Ventas efectuadas después de los dos años de su escrituración en los ingresos correspondientes al enajenante, excepto aquéllas realizadas por una empresa o sociedad y por quienes hacen profesión de la venta de inmuebles.

 

b) Ventas efectuadas por sucesiones.

 

c) Ventas de única vivienda efectuadas por el propietario.

 

d) Ventas de inmuebles afectadas a la actividad como bienes de uso.

 

e) Venta de lotes pertenecientes a subdivisiones de no más de 5 unidades excepto que se trate de loteos efectuados por una sociedad o empresa.

 

f) Transferencia de boletos de compraventa en general, excepto aquellas realizadas con habitualidad o por una sociedad o empresa.

 

12. Los ingresos obtenidos por las exportaciones entendiéndose como tales a las actividades consistentes en la venta de productos, mercaderías y servicios con destino directo al exterior del país efectuadas por el propio exportador o por terceros por cuenta y orden de éste, con sujeción a los mecanismos aplicados por la Administración Federal de Ingresos Públicos. Esta exención no alcanza a las actividades conexas de transporte, eslingaje, estibaje, depósito y toda otra de similar naturaleza.

 

13. Los ingresos obtenidos por la locación de las viviendas acogidas al régimen de las Leyes Nacionales Nº 21.771 y Nº 23.091, mientras les sea de aplicación la exención del Impuesto a las Ganancias.

 

14. Los ingresos obtenidos por la explotación de automóviles de alquiler con taxímetros, de hasta tres unidades.

 

15. Los ingresos provenientes de las ventas efectuadas a los consorcios o cooperativas de exportación (Ley Nacional N° 23.101, Decreto Nacional N° 174/85) por las entidades integrantes de los mismos.

 

16. Los ingresos provenientes de las comisiones percibidas por los consorcios o cooperativas de exportación (Ley Nacional N° 23.101, Decreto Nacional N° 174/85) correspondientes a exportaciones realizadas por cuenta y orden de sus asociados o componentes.

 

17. Los ingresos obtenidos en concepto de honorarios de integrantes de directorios, de consejos de vigilancia y de otros órganos de similar naturaleza.

 

18. Los ingresos obtenidos por la actividad de emisión de radiodifusión y de televisión.

 

19. Los ingresos obtenidos por el desempeño de actividades didácticas o pedagógicas realizadas en forma individual y directa por personas físicas, no organizadas como empresa, cuyo título habilitante esté oficialmente reconocido.

 

20. Los ingresos que perciben las personas físicas por el desempeño de actividades culturales y/o artísticas. De esta exención quedan expresamente excluidas las actividades de intermediación, producción, organización, representación y demás figuras similares de quienes realizan las manifestaciones culturales.

 

21. Los ingresos de artesanos feriantes comprendidos en la Ordenanza N° 46.075 y los dependientes de la Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos radicados en la Feria del Patio del Cabildo, provenientes de las ventas de sus propios productos artesanales.

 

22. Los ingresos provenientes exclusivamente del desarrollo de las siguientes actividades:

 

a) Producción Primaria y Minera.

 

b) Producción Industrial, únicamente para el caso que la actividad industrial se desarrolle exclusivamente en establecimientos radicados en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto cuentan con la debida autorización y respecto de los ingresos provenientes de la venta de bienes obtenidos en los procesos productivos desarrollados en dichos establecimientos.

 

Las exenciones previstas en los apartados a) y b) del presente inciso no alcanzan a los ingresos obtenidos por las ventas efectuadas a consumidores finales que tienen el mismo tratamiento que el sector de comercialización minorista.

 

Se considera consumidor final a las personas físicas o jurídicas que hagan uso o consumo de bienes adquiridos, ya sea en beneficio propio, o de su grupo social o familiar, en tanto dicho uso o consumo no implique una utilización posterior directa o indirecta, almacenamiento o afectación a procesos de producción, transformación, comercialización o prestación o locación de servicios a terceros. Esta disposición tendrá vigencia retroactiva al 1º de enero de 1998.

 

Se entiende por actividad industrial aquélla que logra la transformación física, química o físico química, en su forma o esencia, de materias primas o materiales en nuevos productos, a través de un proceso inducido, mediante la aplicación de técnicas de producción uniforme, la utilización de maquinarias o equipos, la repetición de operaciones o procesos unitarios, llevada a cabo en un establecimiento industrial habilitado al efecto.

 

Esta exención no alcanza a las actividades hidrocarburíferas y sus servicios complementarios, así como a los supuestos previstos en el artículo 22 del Título III Capítulo IV de la Ley Nacional N° 23.966 (t.o. por Decreto N° 518-PEN-98).

 

 

c) Los ingresos provenientes de la construcción en esta jurisdicción de inmuebles destinados a viviendas unifamiliares y/o multifamiliares no superiores a la categoría "c", determinada conforme a las especificaciones y descripciones de los artículos 7º y 8º de la ley tarifaria, cualquiera sea el responsable de la construcción.

 

Para gozar de la exención es requisito que se hayan "Registrado" los planos de obras nuevas ante el organismo técnico competente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y efectuada la comunicación pertinente a la Dirección General, en la forma, tiempo y condiciones que se establezca.

 

d) Provisión de facilidades satelitales y las prestaciones para el desarrollo de las mismas, en el marco del Sistema de Satélite Nacional Multipropósito. La vigencia de la presente exención se aplica con carácter retroactivo a partir del 1° de mayo de 1993.

 

23) 23)                                    Los ingresos de los profesionales que actúan en el proceso de creación descriptos en los incisos 3) y 18) y que se encuentran comprendidos en la Ley Nacional N° 12.908, no organizados en forma de empresa, en tanto no superen la facturación que determina la Ley Tarifaria.

24) 24)                                    Los ingresos obtenidos por las Sociedades de Garantía Recíproca en razón y por el ejercicio de su actividad principal, es decir, el otorgamiento de garantías conforme lo define el artículo 33 de la Ley Nacional N° 24.467. Dicha exención no comprende los resultados provenientes del rendimiento financiero originado en la colocación de los fondos de riesgo prevista en el artículo 46 inc. 5°) de la misma.

 

Las exenciones dispuestas en este artículo deben ser solicitadas en la Dirección General y para acceder a su reconocimiento no debe existir deuda líquida y exigible respecto del tributo.

 

Facúltase a la Dirección General a dictar normas reglamentarias tendientes al reconocimiento y prórroga de las exenciones, las que en todos los casos caducan a los 3 años de haber sido reconocidas.

 

Limitación de exenciones:

Art. 117.- En materia del Impuesto sobre los Ingresos Brutos no serán de aplicación las liberalidades dispuestas por el presente Código, en los casos de exenciones de carácter subjetivo, cuando se desarrollen actividades a las que la Ley Tarifaria fija alícuotas superiores a la tasa general o se encuentren comprendidas en los artículos 142º, 143º y 144º del presente.

 

CAPITULO III

DE LA DETERMINACION DEL GRAVAMEN

 

Determinación del gravamen:

Art. 118.- La determinación de las obligaciones tributarias se efectúa sobre la base de declaraciones juradas presentadas ante la Dirección General en la forma y tiempo que la misma establezca, salvo cuando expresamente se indique otro procedimiento.

La Dirección General puede hacer extensiva esta obligación a terceros que de cualquier modo intervengan en las operaciones o transacciones de los contribuyentes y demás responsables que están vinculados a los hechos gravados por las normas fiscales.

 

Contenido de la declaración jurada:

Art. 119.- La declaración jurada debe contener todos los elementos y datos necesarios que permitan conocer el hecho imponible y el monto de la obligación tributaria, debiéndose además suministrar toda la información complementaria que al efecto se recabe.

 

Rectificación de la declaración jurada:

Art. 120.- Los contribuyentes o responsables que rectifican declaraciones juradas y lo comunican a la Dirección General en la forma en que se reglamente pueden compensar el saldo acreedor resultante de la rectificación con la deuda emergente de obligaciones correspondientes al mismo tributo, requiriendo previamente la conformidad de la Dirección General.

Cuando la compensación se efectúe respecto de obligaciones cuyo vencimientos se hubieren operado con anterioridad al pago o ingreso que da origen al saldo a favor, deberán liquidarse las actualizaciones e intereses correspondientes al lapso que medie entre aquel vencimiento y dicho pago, los que se considerarán cancelados hasta su concurrencia con el saldo a favor. De resultar un remanente a favor del Fisco la diferencia sufrirá actualizaciones e intereses según el régimen vigente.

Si la rectificaciòn resulta en definitiva improcedente, o no se efectúa su comunicación, la Dirección General puede reclamar los importes indebidamente compensados con más los intereses, recargos, multas y actualizaciones que correspondan.

Los agentes de retención o de percepción sólo pueden compensar las sumas ingresadas retenidas o percibidas de los contribuyentes, con la previa autorización de la Dirección General.

 

Revisión de la declaración jurada. Responsabilidad por su contenido:

Art. 121.- La declaración jurada está sujeta a la verificación administrativa y sin perjuicio del gravamen que en definitiva determine la Dirección General, hace responsable al declarante por el que de ella resulta.

El declarante es también responsable en cuanto a la veracidad de los datos que contiene su declaración, sin que la presentación de otra posterior haga desaparecer dicha responsabilidad.

 

Cómputo en declaración jurada de conceptos o importes improcedentes

Art. 122.- Cuando en la declaración jurada se computen contra el impuesto declarado conceptos o importes improcedentes, tales como retenciones, pagos a cuenta, acreditación de saldos a favor, o el saldo a favor de la Dirección General se cancele o se difiera impropiamente (certificados y cheques falsos, etc.) no procederá para su impugnación el procedimiento de la determinación de oficio, sino que basta la intimación fehaciente de pago de los conceptos incorrectamente computados, o de la diferencia que se genere en el resultado de dicha declaración jurada.

 

Verificación de la declaración jurada. Determinación administrativa:

Art. 123.- La Dirección General puede verificar las declaraciones juradas a fin de comprobar su exactitud. Si el contribuyente o responsable no ha presentado la declaración jurada o la misma resulta inexacta por error o falsedad en los datos que contiene, o porque el contribuyente o responsable ha aplicado erróneamente las normas tributarias, conocido ello, la Dirección General debe determinar de oficio la obligación tributaria sobre base cierta o presunta.

 

Determinación administrativa. Competencia:

Art. 124.- La verificación y fiscalización de las declaraciones juradas y las liquidaciones formuladas por los inspectores y demás empleados de la Dirección General no constituyen determinación administrativa, la que es de competencia exclusiva del Director General.

 

Contribuyentes o responsables con quiebra decretada:

Art. 125.- No es de aplicación el procedimiento administrativo de determinación de oficio de la obligación tributaria, cuando al contribuyente o responsable le es decretada la quiebra o el concurso, salvo que judicialmente se decida la continuación definitiva de la empresa y por hechos, acciones u omisiones posteriores a esa decisión.

En los casos de quiebra o concurso el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires verificará directamente en los juicios respectivos los créditos fiscales.

En los casos de contribuyentes que se encuentren en concurso preventivo, la determinación de la deuda se efectuará conforme al procedimiento establecido en el presente Código pero se abreviarán los plazos a fin de facilitar la verificación ante el Síndico. Se otorgará vista al contribuyente para presentar descargo, ofrecer y producir prueba por el plazo de cinco (5) días. La producción de la totalidad de la prueba ha de cumplirse en el término improrrogable de quince (15) días. Contestada la vista o transcurrido el plazo correspondiente, se dictará la resolución a que hace referencia el inciso 18 del artículo 107º en el plazo de diez (10) días, el cual deberá abreviarse si con anterioridad vence el plazo para verificar la deuda ante el Síndico. Una vez determinada la deuda se emitirá copia certificada de la misma y de todos los antecedentes, para la verificación ante el Síndico. Resultará de aplicación la vía recursiva prevista en el artículo 106º. En caso de inminencia de la prescripción, deberán abreviarse los términos salvo renuncia expresa de la prescripción.

 

Fundamentos y medidas en la determinación de oficio:

Art. 126.- La determinación de oficio se realizará, en forma directa, por conocimiento cierto de la materia imponible, o en forma indirecta, si los elementos conocidos sólo permiten presumir la existencia y magnitud de aquella.

 

Determinación sobre base cierta:

Art. 127.- La determinación sobre base cierta corresponde cuando el contribuyente o responsable suministra a la Dirección General todos los elementos probatorios de las operaciones o situaciones que constituyen hechos imponibles, salvo que dichos elementos fuesen fundadamente impugnados, o cuando este Código o la Ley Tarifaria establecen los hechos o circunstancias que la Dirección General debe tener en cuenta a los fines de la determinación impositiva.

 

Documentación respaldatoria:

Art. 128.- Todas las registraciones contables deben estar respaldadas por los comprobantes correspondientes, y sólo de la fe que estos merecen, surge el valor probatorio de aquellas.

 

Determinación sobre base presunta:

Art. 129.- Cuando no se suministran los elementos que posibilitan la determinación sobre base cierta, la Dirección General puede efectuar la determinación sobre base presunta, considerando los hechos y circunstancias que por su vinculación o conexión con el hecho imponible y las normas fiscales permitan inducir en el caso particular su existencia, la base de imposición y el monto del gravamen, pudiendo aplicarse además los promedios, coeficientes y demás índices generales que fije el Poder Ejecutivo.

Para efectuar la determinación de oficio sobre base presunta podrán servir como indicios entre otros: el capital invertido en la explotación, las fluctuaciones patrimoniales, el volumen de las transacciones o ventas de otros períodos fiscales, el monto de las compras, la existencia de mercaderías, la existencia de materias primas, las utilidades, los gastos generales, los sueldos y salarios, el alquiler de inmuebles afectados al negocio, industria o explotación y de la casa-habitación, el nivel de vida del contribuyente, el rendimiento normal de negocios, explotaciones o empresas similares dedicadas al mismo ramo; y cualesquiera otros elementos de juicio que obren en poder de la Dirección General o que deberán proporcionarle el contribuyente o responsable, Cámaras de Comercio o Industria, Bancos, Asociaciones Gremiales, Entidades Públicas o Privadas, los agentes de recaudación o cualquier otra persona que posea información útil al respecto relacionada con el contribuyente y que resulte vinculada con la verificación y determinación de los hechos imponibles.

 

Sistemas para la determinación sobre base presunta:

Art. 130.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior se presume, salvo prueba en contrario, que representan ingresos gravados omitidos:

 

1. Los que resultan de aplicar el coeficiente obtenido según se indica en el párrafo siguiente, sobre el monto que surja de la diferencia de inventario de bienes de cambio comprobado por la Dirección General u otros organismos recaudadores oficiales, más el diez por ciento (10%) en concepto de renta dispuesta o consumida.

El coeficiente mencionado se obtiene de dividir el total de las ventas gravadas correspondientes al ejercicio fiscal cerrado inmediato anterior a aquel en que se verifica la diferencia de inventario, por el valor de las mercaderías en existencia al final del ejercicio citado precedentemente, registradas por el contribuyente o que surjan de la información que se suministra a la Dirección General o a otros organismos recaudadores oficiales.

A los efectos de establecer el valor de las existencias se usa el método de valuación empleado por el contribuyente para la determinación del impuesto a las ganancias.

Se presume, sin admitir prueba en contrario, que la diferencia de materia imponible estimada como se indica precedentemente, corresponde al último ejercicio fiscal cerrado inmediato anterior a la verificación de las diferencias de inventario de mercaderías.

 

2. Las diferencias de ingresos existentes entre la materia imponible declarada y la determinada conforme al siguiente procedimiento:

Se controlarán los ingresos durante no menos de quince días continuos o alternados de un mismo mes; el promedio de ingresos de los días controlados se multiplicará por el total de días hábiles comerciales del mes obteniéndose así el monto de ingresos presuntos de dicho período. Si se promedian los ingresos de cuatro meses alternados de un ejercicio fiscal, en la forma que se detalla en el párrafo anterior, el promedio resultante puede aplicarse a cualquiera de los meses no controlados del mismo ejercicio;

 

3. El incremento que resulta de la aplicación sobre los ingresos declarados en los ejercicios inmediatos no prescriptos, del porcentaje derivado de relacionar las diferencias de ingresos establecidas como se indica en el inciso 2, con la materia imponible declarada en el ejercicio.

A efectos de la determinación de los ingresos de los períodos no prescriptos, cuando no existieran ingresos declarados en el ejercicio sometido a control, pueden aplicarse sobre los ingresos determinados para el mismo los promedios coeficientes y demás índices generales fijados por el artículo 130º.

Cuando en alguno de los períodos no prescriptos, excepto el tomado como base, no existieran ingresos declarados, la materia imponible de los mismos se establece en función de la determinada para el ejercicio controlado, aplicándose los coeficientes, promedios y demás índices generales fijados por el artículo 131º.

 

4. En el caso de períodos en los que no se hubieren declarado ingresos, los que resulten de aplicar los coeficientes, promedios y demás índices generales fijados por el artículo 130º sobre los ingresos declarados por el contribuyente en otros períodos, siempre que no sea posible la determinación en base a las presunciones establecidas en los incisos anteriores.

 

Efectos de la determinación de oficio:

Art.131.- La determinación de oficio sobre base cierta o presuntiva, una vez firme, sólo puede ser modificada en contra del contribuyente en los siguientes casos:

 

1. Cuando en la resolución respectiva se hubiera dejado expresa constancia del carácter parcial de la determinación de oficio practicada y definidos los aspectos que han sido objeto de la misma, en cuyo caso sólo son susceptibles de modificación aquéllos no considerados expresamente en la determinación anterior;

2. Cuando surjan nuevos elementos de juicio o se compruebe la existencia de error, omisión o dolo en la exhibición o consideración de los que sirvieron de base a la determinación anterior.

Si la determinación de oficio resulta inferior a la realidad queda subsistente la obligación del contribuyente de así denunciarlo y satisfacer el gravamen correspondiente al excedente, bajo pena de las sanciones previstas por este Código.

 

Resoluciones. Requisitos:

Art. 132.- Las resoluciones que dicta la Dirección General como consecuencia de los procedimientos de determinación de oficio o de aplicación de sanciones deben ser fundadas y especificar el monto total cuyo pago, conforme a las mismas, ha de efectuar el contribuyente o responsable. Dicho monto total debe detallarse por cada uno de los conceptos que lo integran (gravamen, interés, actualización, multa por incumplimiento de los deberes formales, multa por evasión, multa por defraudación), dejándose constancia cuando corresponda que los importes de que se trata se encuentran sujetos al régimen de actualización de las deudas tributarias.

Las determinaciones de oficio pueden ser parciales siempre que en la resolución se deje constancia de ello y se definan los aspectos que contemplan.

 

Notificaciones:

Art. 133.- Las notificaciones a los contribuyentes o responsables por asuntos inherentes a la determinación impositiva de oficio, aplicación de actualización de deudas, intereses o multas, pueden hacerse por cualquiera de los medios previstos por el presente Código excepto mediante carta simple o certificada con o sin aviso de retorno.

 

Pagos a Cuenta:

Art. 134.- En los casos de contribuyentes que no presenten declaraciones juradas por uno o más períodos fiscales o anticipos, la Dirección General los emplazará para que dentro del término de quince (15) días presenten las declaraciones juradas e ingresen el impuesto correspondiente.

Si dentro de dicho plazo no regularizan su situación podrá requerirse judicialmente el pago, a cuenta del gravamen que en definitiva les corresponde abonar, de una suma equivalente al gravamen declarado o determinado en el período fiscal o anticipo más próximo, según corresponda por cada una de las obligaciones omitidas.

Existiendo dos períodos o anticipos equidistantes se ha de tomar el que arroje mayor gravamen. En ningún caso el importe así determinado podrá ser inferior al que a tal efecto fije la Ley Tarifaria para las distintas actividades.

Cuando no exista gravamen declarado o determinado que pueda servir de base para el cálculo de la suma a requerir como pago a cuenta, se reclamará en tal concepto el importe que, para la actividad del contribuyente, establezca la Ley Tarifaria.

Tratándose de contribuyentes no inscriptos podrá requerirse como pago a cuenta, una suma equivalente al duplo del importe fijado para cada actividad por la Ley Tarifaria.

Luego de iniciada la ejecución fiscal el Gobierno de la Ciudad de Buenos de Aires no está obligado a considerar las reclamaciones del contribuyente contra el importe requerido, sino por vía de repetición y previo pago de las costas y gastos del juicio.

 

CAPITULO IV

DE LA BASE IMPONIBLE

Principio general:

Art. 135.- El gravamen se determina sobre la base de los ingresos brutos devengados durante el período fiscal, por el ejercicio de la actividad gravada, salvo expresa disposición en contrario.

 

Ingreso Bruto. Concepto:

Art. 136- Es ingreso bruto el valor o monto total -en dinero, en especies o en servicios- devengado por el ejercicio de la actividad gravada; quedando incluidos entre otros los siguientes conceptos: venta de bienes, prestaciones de servicios, locaciones, regalías, intereses, actualizaciones y toda otra retribución por la colocación de un capital.

Cuando el precio se pacta en especies el ingreso está constituído por la valuación de la cosa entregada, la locación, el interés o el servicio prestado, aplicando los precios, la tasa de interés, el valor locativo, etc., oficiales o corrientes en plaza, a la fecha de generarse el devengamiento.

 

Contribuyentes sin obligación de confeccionar estados contables:

Art. 137.- En los casos de responsables que no tienen obligación legal de confeccionar estados contables, el gravamen se determina sobre el total de los ingresos percibidos durante el período fiscal.