PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y A LA CALIDAD DE VIDA EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

ROSA CORDOBERA G. De GARRIDO - LIDIA M ROSA GARRIDO CORDOBERA

 Investigadora Permanente Inst.A.L.Gioja- UBA

 

Articulo 41 de la Constitución Nacional:

“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generara prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.

Las autoridades proveeran a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambientales.

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos minimos de protección, y a las Provincias , las necesarias para complementarlas,sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.

Se prohibe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radioactivos. “

 

Mas que un  análisis exegético  del texto del articulo.41 de la Constitución Nacional reformada en 1994,pretendemos volcar algunas de las reflexiones que la normativa nos motiva, que podrán abrir la puerta para futuros estudios y quizá para algunas polémicas. 

Si bien se ha sostenido la preexistencia del tema ambiental a la diferenciación de las ramas del Derecho, puede decirse que ha coexistido con ellas y ha sido abordado directa o indirectamente tanto por el Derecho Publico como por el derecho Privado.

 

En materia Constitucional, nuestra Constitución historica (1853, 1860) no aborda el tema de una manera directa pero algunas normativas tenian relacion con  la expllotacion de los recursos naturales, la preservación de estos, la calidad de vida y la protección de la salud publica (articulo 67 incs 11, 12 y 16; hoy articulo 75 incs 12, 13 y 18 ) ya que atribuia al Congreso Nacional la facultad de dictar los Codigos de fondo, de reglar el comercio exterior y el Inter. Provincial y de proveer a la prosperidad del Pais. Ademas surge del juego armonico del Preámbulo y de la letra y espiritu del art.33 que expresa que “Las declaraciones derechos y garantias que enumera la Constitucion no seran entendidos como negación de otros derechos no enumerados; pero que nacen del principio de  la soberania del puebllo y de la forma republicana de gobierno”

 

Recordemos aquí las palabras de Juan Bautista Alberdi en sus Bases de que “los estatutos constitucionales, lo mismo que las leyes y las decisiones de Justicia, deben ser  motivados. La mencion de los motivos es una garantia de verdad y de imparcialidad, y que se debe a una opinión, y un medio de resolver las dudas ocurridas en la aplicación por la revelación de las miras que ha tenido el legislador, y de las necesidades que se ha propuesto satisfacer. Conviene pues que el preámbulo de la Constitución argentina exprese sumariamente los grandes fines de su instituto. Abrazando la mente de la Constitución , vendra a ser la antorcha que disipe la oscuridad de las cuestiones practicas, alumbre el sendero de la legislación y señale el rumbo de la política del gobierno.” Dada la importancia y relevancia que para nosotros ellas representan y su significado.

 

En la decada del 80 las reformas de las Constituciones Provinciales

reivindicaron el dominio de los recursos naturales en cabeza de las Provincias y proclamaron la protección del ambiente y de la calidad de vida, proceso que continuo en el 90. Por ejemplo recordemos las Constituciones de Catamarca arts 110 inc 22 y 252 inc 9, Cordoba, arts 11 y 53, Chubut  capitulo V arts 99 al 108 y VI del 109 al 111,  Formosa art 38, Jujuy art 22, La Rioja art. 66, Rio Negro arts 84 y 85, Salta arts 30 y 78, San Juan art. 58, San Luis art.88, Santa Cruz arts 53, 73 y 74, Santiago del Estero arts. 30  y 58, Tierra del Fuego arts.25, 31 inc.8 y 105 inc.24, Tucuman art. 36 incs. 1,2,3,4,5 y 6.

 

Es imposible dejar de señalar -dado su influencia- el hito historico que a nivel mundial se produce en 1972 con la Conferencia de Naciones Unidas sobre Ambiente, realizada en Estocolmo, en ella se declara formalmente el derecho humano a un ambiente adecuado para vivir con dignidad y en bienestar y el deber de protegerlo, acentuándose la conciencia mundial del compromiso personal, de las comunidades y de los gobiernos en la preservación y el cuidado ambiental, teniéndose presente a las generaciones actuales y futuras.

 

En 1992 se llevo acabo en Rio de Janeiro la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo conocida como Cumbre de la Tierra que plasmo directrices conocidos como los principios de la Declaración de Rio que reafirman por ejemplo la necesidad de precaucion, el desarrollo sostenible, la necesidad de satisfacer equitativamente las necesidades ambientales de las generaciones presentes y futuras, la cooperación de estados y pueblos,  la participación ciudadana, obligación de los Estados de promulgar una legislación ambiental efectiva, de desarrollar la responsabilidad y la compensación de las victimas de los daños ambientales, la evaluación del impacto ambiental, la notificación de los estados ante los supuestos de desastre u otras emergencias que pudieran incidir en el medio ambiente, se resalta el papel de las mujeres, los jóvenes y los indigenas ,  se consagra la cooperación de buena fe, teniendo como base que los seres humanos son el centro de interes del desarrollo sostenible ( principio 1).

 

Debemos  entender por “ambiente” a la interaccion de los elementos naturales, artificiales y culturales que permiten el desenvolvimiento equilibrado de la vida del hombre, es un sistema complejo y dinamico, constituido por elementos que interactuan y se condicionan entre si. Es el conjunto de elementos naturales o transformados por el hombre y creados por el como la cultura´

 

Frente al tema de la preservación y protección de este derecho nos expedimos por considerarlo un derecho fundamental, presupuesto minimo del ejercicio de cualquier derecho, en igual sentido Bidart Campos ha señalado que el derecho a trabalar o ejercer actividad o industria o cualquier otro derecho que se le entrecruce no puede prevalecer sobre el derecho a la vida y a la preservación de un ambiente sano.

 

Vemos que puede decirse que en la Argentina  se notan diversos periodos relacionados al tema recursos naturales y ambiente, la que deriva de la organización del Pais luego de la sancion de la Constitución Nacional y los Codigos de Fondo, la epoca del 70 con regulaciones Nacionales para la navegación de las aguas, defensa de riqueza forestal, protección del aire, hidrocarburos, el tratamiento dinamico en el manejo de los temas  donde se nota la influencia del tema a nivel internacional y en el que se modifican las Constituciones Provinciales y se dictan leyes provinciales, finalmente se firma del Pacto Federal Ambiental el 5 de julio de 1993  y en 1994 se reforma la Constitución Nacional y se plasma el articulo 41 aludido ut supra.

 

El 31 de Agosto de 1990 se realiza el acta constitutiva del Consejo Federal del Medio Ambiente creandose el COFEMA ( Consejo Federal del Medio Ambiente), recordemos que no todas las Provincias concurrieron, pero en las declaraciones se manifesto que el ambiente es un patrimonio comun de la sociedad y de su equilibrio depende la vida y las posibilidades de desarrollo del pais.

 

En el Pacto Federal Ambiental ( 1993 ) se consideraron que la preservación, mejoramiento y recuperacion  del ambiente son objetivos de acciones inminentes desde el  momento que se ha tomado conciencia de que el desarrollo economico no puede estar desligado de la protección ambiental, que el compromiso no solo es gubernamental sino que corresponde a cada uno de los ciudadanos, que deben tenerse presente el Pacto Federal y los compromisos internacionales asumidos en Rio del 92 (CNUMAD 92) en virtud de ello se acuerdan los puntos que guiaran las políticas de La Nación y las Provincias para el desarrollo ambientalmente adecuado.

 

La ley 24.309 establecio el funcionamiento de la Convención reformadora, la Comision de nuevos Derechos y garantias debio considerar sobre el tema ambientalun total de 124 iniciativas presentadas a su despacho.

 

Se reflejo la integración política de los diversos bloques que fuera receptada en los despachos de Mayoria y Minoria y en las disidencias parciales, muy importantes para cotejar con las normas finalmente sancionadas para valorar el resultado de consenso que lleva a la redacción final.

 

La Convención reformadora  de la Constitución Nacional adopto una solucion que implico para Gelly una transformación sustantiva en materia de competencia ambiental al establecer un deslinde de competencias entre la Nación y las Provincias en el tema ambiental, le corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos minimos de protección y  a las Provincias las necesarias para complementarlas, por ello se dice que el criterio tradicional pareceria que se ha modificado por el de complementacion , esta es una cuestion problematica.

 

Para Lopez Alfonsin se busca implantar las bases de un “ federalismo de concertación” por el que ya se habia pronunciado la doctrina, en concordancia con el nuevo art. 121 se respeta el principio de delegación y reserva que fundamenta el federalismo argentino. La mencion de los presupuestos minimos de protección devienen de la noción manejada de legislación de base o ley marco del despacho de mayoria impulsado por Quiroga Lavie.

 

Hay que señalar que en muchas iniciativas presentadas se aludia a la sancion por el Poder Legislativo Nacional de un Codigo Ambiental  para ser incluido en la redacción del actual art. 75 inc 12, una legislación de fondo como los Codigos Civil, Penal, Comercial y de Mineria..

 

En la actual Constitución Nacional encontraremos como eje de reflexión para nuestros planteamientos, que, en un largo texto se establece el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano; esto de por sí explícita la existencia de un derecho humano a la preservación del ambiente, pero, se deja asentado además, que no es sólo un derecho sino un deber, lo que implica que los habitantes deben comprometerse con la cuestión de la protección ambiental.

 

El texto avanza aun más, poniendo el límite adecuado de que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras, situándonos ante un derecho trasgeneracional y ante el problema del rol que le corresponderá al Estado en el manejo y control ambiental.

 

Existe una ampia legitimación activa en la cuestion ambiental que deriva de ese derecho a disfrutar de un ambiente sano y a la calidad de vida y del uso del amparo por toda persona o todo afectado en un grado potencial, presente o futuro de un daño ambiental.

 

El defensor del Pueblo tiene legitimidad para demandar protección contra un posible daño ambiental a las generaciones futuras ( art. 43 C.N. ), Lo mismo puede aplicarse a las asociaciones registradas conforme a la ley.

 

Esto plantea la difícil cuestion del equilibrio y la equidad entre los derechos de las generaciones actuales al desarrollo y produccion y el de las generaciones futuras de no recibir un habitat degradado.

 

El “desarrollo humano sustentable” constituye un limite para la actividad productiva en tanto esta comprometa al ambiente y a la calidad de vida de las generaciones futuras. Estamos ante un solidarismo intergeneracional explicito

 

En la Convención Constituyente Elba Rulet perfilo los alcances del termino “desarrollo humano”.sosteniendo que este implica el desarrollo de todos los hombres y de todo el hombre, coincide esto con lo elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

 

Es importante ya destacar que en la normativa constitucional se reconoce la existencia del daño ambiental como un daño jurídico que genera la obligación prioritaria de recomponer (“según lo establezca la ley"); sabemos que la reparación al estado anterior es la situación ideal  ante el acaecimiento de un daño. pero que en cuestiones ambientales por las leyes de los ecosistemas es sumamente difícil lograr una situación igual o similar a la existente antes de la producción del daño ambiental ya que los ecosistemas necesitan tiempos de ajuste. Esto de ninguna manera excluye su aplicación, pero  no se descarta en nuestro sistema normativo la obligación subsidiaria de resarcir daños y perjuicios.

 

Por nuestra parte, hemos sostenido que aunque no se reglamente debidamente lo contemplado en el marco del art. 41, éste es operativo y permitirá reclamar ante la Justicia por las cuestiones ambientales de tutela preventiva y de responsabilidad,

 

Sobre el tema ambiental en la óptica del Derecho de Daños una de nosotras ha vertido opiniones con anterioridad (v. Garrido Cordobera, Lidia -  Daños colectivos y la reparación ,Ed.  Universidad, año 1993 ) y  ha reclamado la inserción explícita del derecho al ambiente sano y la reparación del daño ambiental, desde 1983. aunque siempre  considerando que el Derecho ante una insuficiencia normativa explicita brindaba igual una solución, dada la redacción y los antecedentes del articulo 33 de la Constitución Nacional.

 

Recordemos una vez mas que la cuestión ambiental no sólo pone en tela de juicio a los distintos ordenamientos normativos del mundo, sino también a la actitud del hombre ante la vida.

 

El problema no es para nada tan simple ni sencillo, y muchas veces, o casi siempre, se presenta con contornos difusos, pese a lo cual hay una frase que pareciera reseñar el pensamiento actual de una parte cualitativamente importante de la población, el  slogan comúnmente usado y que toca la fibra más íntima de los individuos es: "No hemos heredado la tierra de nuestros antepasados, nosotros la tomamos prestada de nuestros hijos".

 

Hoy todas las Organizaciones Internacionales cuentan con recomendaciones, declaraciones políticas, acuerdos y comités dedicados exclusivamente al tema del medio ambiente; lo mismo ocurre en los poderes legislativos de ciertos países.

 

Pero debemos apuntar ya, que existen serios inconvenientes en materia de política ambiental y en la legislación; ello ocurre ya que por un lado, se deben tener metas claras y una instrumentación adecuada, y por otro se debe evitar que  proliferen organismos y reglamentaciones que se superpongan y a la vez dejen áreas expuestas.  Se puede decir que los males serían la insuficiencia y la sobreabundancia , existe una marcada necesidad de coordinación..

 

Con respecto al "daño ambiental', el problema es de enorme interés y complejidad, ya que por su naturaleza es un daño colectivo, afecta a comunidades de individuos y puede presentarse en regiones que escapan  hasta a las fronteras de un solo país.

 

Ha sido abordado como una de las consecuencias del avance tecnológico e incluye  una serie de cuestiones (productos, lluvia ácida, ozono, contaminación hídrica, ruidos, cambios climáticos, etc.), que es lo que englobamos en el derecho a la "calidad de vida'.del ser humano.

 

La actitud del hombre moderno respecto del universo material es una actitud de conquista y expansión; el hombre occidental tiene una relación de dominio con respecto al medio en que se desenvuelve, creyendo en el principio de la expansión sin límites y en la creencia de que si surgen restricciones sólo serán temporarias, pues mediante su inteligencia las superará.

 

Tal conducta, junto a la de presumir una ilimitada capacidad ambiental para la absorción de residuos y desperdicios, acompañando a la creencia de que nos hallamos en un ecosistema abierto, ha llevado hace años a lo que algunos denominan "el inicio de la crisis ambiental".

 

El aludir a “calidad de vida”  como lo venimos haciendo implica el  reconocimiento del hombre como objeto de estudio, esto no fue fácil, y conlleva a tener que enfrentar los problemas sociales y económicos  inncluir al "ser', y no a su proyección mecánica y biológica, al hombre mismo, y no a su sombra.

 

El bien jurídico protegido en la cuestion que nos ocupa es la “calidad de vida” - en nuestra opinión -, es un derecho humano de 'tercera generación" a un medio ambiente sano y equilibrado y al patrimonio común de la humanidad que se funda, según Gross Espiell, en la idea de la solidaridad entre los hombres.

 

Esta relación que se da entre la Sociedad y la Naturaleza es sumamente importante y se manifiesta en las acciones humanas, y  las reacciones ecológicas generadas que inciden sobre el sistema social.

 

Al Derecho le corresponde en nuestra opinión como manifestación social llegar ha considerar las siguientes cuestiones: qué o quién actúa sobre el ambiente;  el porqué de determinadas acciones; y quién sufre o se beneficia con el cambio de las condiciones ecológicas.

 

Recordemos, una vez más, las palabras de Charles Chaumont que son aplicables al tema que nos ocupa: el jurista no sólo ha de comprobar y exponer el derecho establecido; es indispensable que plantee los problemas correctamente para contribuir a que lo resuelvan correctamente y sobre todo que se de cuenta de las consecuencias jurídicas de las situaciones ya creadas, cuyo alcance el debe medir.

 

Como correlato de lo expuesto para poder configurar lo que técnicamente denominaremos “daño ambiental”, debemos tener en claro la existencia de ciertos bienes que hoy gozan de protección explícitamente en las modernas legislaciones y en nuestro art. 41 de la CN..

 

Los "bienes comunes" -como el aire- son necesarios para todos, pero no son propiedad definida de nadie, a menos que se acepte que conforman el patrimonio común de la Humanidad y que sus titulares son la generación actual y las generaciones futuras.

 

Recordemos que existen ciertas cuestiones que están íntimamente ligadas para que un orden jurídico reconozca la existencia y valor de estos bienes colectivos o comunes:

a)se debe aceptar la existencia de la tutela de los intereses difusos o colectivos;

b)  se debe reconocer un derecho a la salud, a la calidad de vida como garantizado constitucionalmente;

c) se debe admitir un derecho al ambiente.

 

Como puede apreciarse en el sistema Argentino dichos extremos     se configuran.

 

Si bien se reconoce que las “cosas o bienes comunes” son necesarios para la vida, una consecuencia de su aparente o ilimitada disponibilidad era el de su escasa regulación de protección y el hecho de no asignarle un valor económico. Modernamente con el manejo del principio de la Precaucion  unido a la prevención esta solucion esta cambiando, tambien ha variado el tema en el Analisis Economico del Derecho y en el derecho Internacional y Nacional

 

El ataque a la naturaleza se traduce en aire enrarecido, mares y cursos de agua contaminados, eliminación de luz  solar, alteraciones climáticas, etc., de manera tal que las "cosas comunes" están sufriendo un proceso de agotamiento que necesariamente repercute en el hombre.

 

El proceso a que está sometida la tierra ha merecido por Garret Hardin la denominación poética de 'tragedia de los comunes", y al abordar el tema del proceso de sobreuso y depredación, manifiesta que la economía moderna sostiene que negar valores a los bienes comunes es una falacia.

 

La trasferencia de costos al medio ambiente y a la sociedad presenta para quien lo hace un ahorro de gastos y para la colectividad un daño que tendrá las características de ser un daño jurídico. Desde el analisis jurídico la actitud del contaminador es un indebido aprovechamiento de calidades esenciales de un bien colectivo.

 

Es por esto, como veremos a posteriori, que el Estado como expresión jurídica de la comunidad organizada debe regular las actividades de sus miembros para prevenir y paliar los daños ambientales, a tales fines una herramienta legal muy útil es el adecuado ejercicio del “poder de policía.”

 

Las E.I.A. siglas con las cuales se conoce mundialmente son estudios que tratan de evaluar las consecuencias o efectos ambientales de determinadas acciones, planes, programas o proyectos, a fin de observar que provocaria su aplicacion  en la salud del hombre y en su entorno, se trata de analizar a priori qué ocurriría "con o sin" esa acción. son un instrumento idóneo para la toma de decisiones sobre la política ambiental preventiva.

 

Es sumamente importante que determinemos si al Estado le compete la función de garantizar a sus habitantes la conservación, el saneamiento y el mejoramiento de las cualidades ambientales y que para ello  tengamos presente que a nivel Internacional se ha sostenido la obligación de los Estados de no perjudicar el medio y de controlar las actividades que se desarrollan en su jurisdicción.

 

El "poder de policía' se ejerce por el Estado cuando lo estima conveniente para satisfacer exigencias del bien público o en interés general; es un poder superior destinado a regir los intereses comunes, y que conlleva la obligación de guardar y hacer guardar a los miembros de la comunidad ciertos principios que estan plasmados en el programa de la Constitución Nacional.

 

En tal sentido, se establecen las normas que posibilitan la potestad de restringir la libertad de los individuos con el fin de proteger la salud y la vida.  Ejemplos de ello son las normas que establecen los requisitos para la instalación de industrias, comercialización de productos, residuos industriales, etc.

 

En nuestro Derecho los principales fundamentos normativos con respecto a la relación Estado y protección ambiental antes de la reforma eran, según nuestra sostenida interpretación,  el Preámbulo cuando habla de "promover el bienestar general',  el art. 33 y  el art. 67, cuando se le atribuye al Congreso Nacional la facultad de proveer lo conducente para la prosperidad del País  y explícitamente en las ciertas Constituciones Provinciales ya reformadas antes del 22 de agosto de 1994. En la actualidad contamos con el articulo 41 que venimos referenciando.

 

En razón de que hemos aceptado que al Estado le compete y corresponde la tutela del ambiente, hay que avanzar y meditar necesariamente sobre si también es responsable por un daño ambiental que se produzca.  Recordemos que el artículo que nos ocupa establece que el 'daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer", pero con el agregado de según lo establezca la ley, lo cual podria llevarnos a creer en una insuficiencia normativa hasta que se regulara acabadamente el tema.

 

La existencia de un Fondo de Polución no implica desconocer los lineamientos que sostuvimos en cuanto a la responsabilidad, sino que coadyuva al mismo fin, permite que el daño ambiental pueda ser saneado con fondos provenientes de  daños colectivos y redunda en beneficio de la comunidad. En la actual ley General del Ambiente se habla de dos Fondos: uno el de Restauración y otro de Compensación con diferentes alcances.

 

Creemos firmemente que en tema del “daño ambiental” el rubro de indemnización o reparación tiene un rango subsidiario; lo primordial es la prevención y la evitación de mayores perjuicios, y es allí donde indudablemente el Estado aparece como el sujeto que mejor dominio de la cuestión puede tener.

   

Podemos obsevar que a nivel Nacional se ha modificado la legislación ambiental por ej se ha dictado la Ley 25612 del 2002 de gestion integral de residuos industriales y de actividades de servicios,  establece los presupuestos minimos  de protección ambiental sobre la gestion integral de residuos de origen industrial y de actividades de servicio y que sean generados en todo el territorio Nacional se dicta en concordancia a la nueva Constitución Nacional.

 

Siendo sus objetivos, garantizar la preservación ambiental, la protección de los recursos naturales, la calidad de vida de la población, la conservación de la biodiversidad  y el equilibrio de los ecosistemas (art 4 inc. A)

 

Tambien podemos mencionar la sancion de la Ley 25670 que consagra los presupuestos minimos de protección ambiental para la gestion de los PCBs  en todo el territorio de la Nación  señalando en su art 1 que se realiza en virtud del art 41 de la CN , estableciendo hitos en el 2005 y 2010 referidos a esa sustancia.

 

La ley 25.688 establece lel regimen de gestion ambiental de las aguas, dando los presupuestos minimos para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional, considerándose a las cuencas hídricas como unidad ambiental de gestion del recurso como indivisibles.

 

Finalmente la ley que podria considerarse como mas importante, es la ley 25675 que se dicta bajo la denominación de Política Ambiental Nacional, estableciendo los presupuestos minimos para una gestion sustentable, y adecuada del ambiente, lineas de política ambiental, incluyendo educación, participación ciudadana, seguro ambiental y fondo de restauración, daño ambiental y fondo de compensación ambiental..

 

Hay que recalcar que el decreto 2413 del 27/11/02 ha observado el art 19 en lo que respecta al derecho de las personas a ser consultados, art 29 infine, de la presunción iuris tantum de la responsabilidad del autor del daño ambiental si existen infracciones a las normas ambientales administrativas., art. 32 respecto a la que el juez conforme a la sana critica  podra extender su fallo a cuestiones no sometidas expresamente a su consideración por las partes

 

Creemos que la problemática ambiental y los daños que se pueden ocasionarse son temas trascendentes y que lejos de estar agotados  se puede decir que recien hace unos años se ha tomado cabal conciencia de su importancia y cada discusión en eventos jurídicos o interdisciplinarios abre una nueva puerta de estudio.

 

Habremos de tener presentes las expresas normas constitucionales el art. 41 y  el art. 75 inc. 22 y además la existencia de las Leyes mencionadas. El problema de la actividad industrial suele ser uno de los tópicos preferidos de Derecho Ambiental ya que producen la mayor cantidad de daños ambientales (ozono, salinización, lluvia ácida, cambio climático, contaminación hídrica, sonora, atmosférica y terrestre) al alterar la Ley de equilibrio dinámico que rige el ecosistema.

 

En cuanto al Estado reiteramos que le corresponde el deber de ejercer un manejo racional del tema para que se logre un desarrollo ajustado a una política que no lesione al entorno y a la calidad de vida de la Comunidad, siendo  reforzada esta afirmacion por lo establecido en el art. 41 de la Constitución Nacional y concordantes .y las leyes de contenidos minimos. que aseguraran la calidad de vida y no solo la preservación del entorno.

Siguiendo con las consideraciones podemos decir que el Segundo parrafo del articulo 41 establece el deber de “proveer” el derecho al ambiente en cabeza de las autoridades especificando como materias de gran interes los temas de utilización racional de recursos naturales,  la preservación del patrimonio natural y cultural, la diversidad biológica, y la información  y educación ambientales.

 

Son cuestiones ligadas a lo que ya dijimos al referirnos a las “bienes colectivos”, pero recalquemos los problemas respecto a la biodiversidad,  la conservación de los recursos geneticos y que al referirse al patrimonio cultural se habla tanto de los restos arqueológicos como de los arquitectónicos u otas manifestacienes culturales,

 

En el ultimo parrafo se prohibe el ingreso al territorio Nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y expresamente de los radiactivos, hay que tener presente que nosotros habiamos ratificado por ley 23.922  de 1991 el Convenio de Basilea de 1989 y dictado la ley 24.051 conocida como ley de residuos peligrosos hoy 25.612 de Gestion de residuos. Recordemos tambien que Argentina por ley 25.278 de agosto del 2000 ha aprobado el Convenio de Rotterdan. referido al consentimiento informado con respecto a plaguisidas y productos químicos industriales

 

Se puede concluir que la inclusión con la reforma de la constitución de este “nuevo derecho” y garantia ha significado la coronación del reconocimiento e los intereses y de los bienes colectivos.

Mucha jurisprudencia ha pasado desde “Kattan c/ Gobierno Nacional”  y sobre todo ha variado la percepción que del tema tienen los ciudadanos y pese a ello no hemos alcanzado los niveles de información y educación que se corresponde al hecho de haber incorporado en nuestro texto constitucional una norma que recepte explícitamente el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado.

 

Por ello decimos que la protección del Medio ambiente  y a la calidad de vida ya esta en la letra de nuestra Carta Magna y de todos dependera  el hacerlos plenamente efectivos, darles vigencia real en un marco de Justicia y Equidad compatibilizándolo con el desarrollo del Pais.